28.02.2026 / Regulación digital
De Australia a Europa: crecen las iniciativas para prohibir redes sociales a adolescentes
Gobiernos de distintos continentes avanzan con proyectos para restringir o vetar el acceso de menores a plataformas digitales. El debate combina preocupaciones por salud mental, seguridad y privacidad, mientras la industria tecnológica advierte sobre los riesgos de sobrerregular.
Según un relevamiento de The Wall Street Journal, el impulso regulatorio ya no se concentra en un solo país, sino que avanza de manera simultánea en distintas regiones, con gobiernos que observan y replican experiencias extranjeras. La preocupación central gira en torno al impacto de las redes en la salud mental, la exposición a contenidos dañinos y la seguridad de los datos personales.
Australia se convirtió en uno de los antecedentes más citados. El país aprobó una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años y obliga a las plataformas a implementar mecanismos de verificación de edad. Medios como CNBC y Deutsche Welle señalaron que esta legislación está siendo seguida de cerca por gobiernos europeos que evalúan avanzar en la misma dirección.
El gobierno de Francia impulsa reforzar la edad mínima de acceso, actualmente fijada en 15 años con consentimiento parental, y evalúa exigir sistemas de verificación de edad más estrictos para plataformas como TikTok, Instagram o Snapchat. También se debate la posibilidad de prohibir directamente el acceso a menores de cierta edad si no existen mecanismos efectivos de control.
En Alemania, el debate gira en torno a fortalecer la aplicación de normas ya existentes de protección juvenil en entornos digitales. Legisladores y autoridades regulatorias analizan exigir a las plataformas herramientas más robustas de verificación y limitar funcionalidades consideradas adictivas, como los sistemas de recomendación algorítmica para menores.
En el Reino Unido, donde ya está en vigor la Online Safety Act, el foco está puesto en la implementación. La ley obliga a las empresas tecnológicas a reducir la exposición de menores a contenidos dañinos y a aplicar controles de edad. En paralelo, algunos sectores políticos plantean avanzar hacia restricciones más duras si las medidas actuales no resultan suficientes.
Otros países, como España y Países Bajos, también discuten elevar la edad mínima de acceso o establecer requisitos obligatorios de consentimiento parental verificable. En estos casos, el eje del debate combina salud mental, prevención del acoso en línea y protección de datos personales.
Por su parte, varios estados norteamericanos impulsan proyectos que exigen consentimiento parental obligatorio o establecen límites de edad más estrictos. Algunos especialistas sostienen que una regulación más amplia podría ser “inevitable”, aunque el sistema federal implica que muchas de estas decisiones se resuelvan estado por estado.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos digitales advierten sobre posibles efectos secundarios de estas políticas. Entre ellos, el aumento en la recopilación de datos personales para verificar edades y el riesgo de exclusión digital de adolescentes que utilizan redes sociales con fines educativos o de participación cívica.
El avance de estas iniciativas refleja una tendencia global hacia una mayor regulación del entorno digital juvenil. Mientras gobiernos buscan mecanismos más estrictos de control, la industria tecnológica propone alternativas basadas en herramientas de supervisión parental y cambios en el diseño de las plataformas. El debate, lejos de cerrarse, parece estar entrando en una nueva etapa de expansión normativa.
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