El Ministerio de Seguridad junto al Gobierno de la Ciudad puso en marcha el dispositivo para trasladar a los presos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires al nuevo establecimiento de Marcos Paz, a través de un comando especial que tendrá a su cargo la planificación y ejecución de la “mudanza gradual y progresiva” de las personas privadas de la libertad.
El sistema fue creado mediante la Resolución 1018/2026 y estará integrado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de distintas áreas de Seguridad e Inteligencia Criminal. La conducción quedó en manos del director nacional del SPF, que deberá elaborar el plan operativo.
Para empezar con los traslados por grupos, deberán observar el perfil criminológico de los detenidos y los riesgos del recorrido entre la Ciudad y Marcos Paz. También prevé medidas para custodiar los establecimientos, los corredores viales, al personal y a la población civil, además de mecanismos de alerta e intercambio de información ante posibles incidentes.
Por ahora, las autoridades no establecieron cuándo comenzarán los movimientos. Los primeros traslados habían sido anunciados para el primer cuatrimestre de este año y luego fueron postergados para septiembre, pero no se concretaron. En Devoto permanecen unos 1502 detenidos, una cifra que representa una ocupación del 131 por ciento de su capacidad declarada.
El nuevo complejo, construido junto al Complejo Penitenciario Federal II, contará con alrededor de 2200 plazas y el Gobierno porteño anunció que esta semana se realizará su traspaso formal. Además de recibir a los detenidos de Devoto, el establecimiento permitirá trasladar personas que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Ciudad, donde hay más de 2200 detenidos en espacios pensados originalmente para estadías transitorias.
El proyecto para sacar a los presos de Devoto comenzó en 2018 durante la administración de Mauricio Macri, cuando Nación y Ciudad firmaron el convenio para construir el nuevo penal y proyectaron completar el traslado en 2020. Las obras quedaron paralizadas durante años y fueron retomadas por el Gobierno porteño en enero de 2025.