08.10.2026 / POLÉMICA
Milei desafía otra vez a la Justicia y busca frenar la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno apeló la sentencia que ordenó aplicar de inmediato la norma aprobada por el Congreso, que también había rechazado el veto presidencial. La disputa por los recursos de las universidades públicas llegará ahora a la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El Gobierno de Javier Milei volvió a avanzar contra la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y apeló este jueves el fallo del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación. La decisión oficial prolonga la disputa judicial por los fondos destinados a las universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y trabajadores del sector.
La resolución judicial cuestionada por el Ejecutivo había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes. En su sentencia, Cormick sostuvo que el Gobierno no podía condicionar la ejecución de una ley que había superado todas las instancias legislativas, incluido el rechazo del veto presidencial. Por ese motivo, ordenó “el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.
El conflicto se originó con el Decreto 759/2025, mediante el cual Milei promulgó la Ley 27.795, pero supeditó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas presupuestarias correspondientes. Para el magistrado, esa condición resultó incompatible con la decisión del Congreso, que había ratificado la norma con las mayorías especiales previstas por la Constitución Nacional.
El recorrido legislativo de la norma también expone la magnitud del conflicto entre el Congreso y la Casa Rosada. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados en agosto de 2025 y posteriormente fue aprobada por el Senado. Milei la vetó en septiembre, pero ambas cámaras insistieron con su sanción original y reunieron los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el rechazo presidencial. Pese a ese resultado, el Ejecutivo volvió a condicionar su implementación mediante un decreto que la Justicia consideró contrario a la Constitución.
Con la nueva apelación, el expediente pasará a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá revisar la sentencia de Cormick. Mientras tanto, continúa la disputa por los recursos necesarios para financiar el funcionamiento de las universidades, actualizar los salarios docentes y no docentes y sostener las actividades de investigación. La decisión del Gobierno vuelve a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro del conflicto político y judicial.
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