23.05.2014 - 08:05 /
El Kirchnerismo no logra acordar una ley que regule la protesta social
Diputados del bloque kirchnerista expresaron hoy diferencias en torno la necesidad de establecer una legislación que regule la protesta social.
En el oficialismo, por un lado, destacan la necesidad de "legislarla y resguardarla", mientras que por otro consideran que al Poder Ejecutivo "le metieron este debate para resolver lo que jueces y los fiscales no hacen".
Ello quedó traducido en las opiniones de los diputados Leonardo Grosso y Gastón Harispe, ambos del Frente para la Victoria, quienes trascendieron a partir de su participación en diferentes movimientos sociales.
"Es necesaria una normativa para la reglamentación de la protesta social, para que sea legalizada. La protesta social, como un fenómeno nuevo, rige hoy como un derecho y necesitamos legislarla y protegerla", argumentó Grosso, también dirigente del Movimiento Evita, en diálogo con DyN.
En tanto, Harispe evaluó que "es innecesario" establecer una ley para legislar la protesta social y aseveró que al Gobierno "le metieron este debate para resolver lo que jueces y los fiscales no hacen".
Harispe, ex dirigente de la Agrupación Quebracho y secretario general del Movimiento Octubres, recordó que "cuando cortábamos las rutas en los 90 por situaciones de hambre y falta de trabajo siempre vinieron los jueces rápidamente".
Destacó que ese problema de convivencia ciudadana "se resuelve con un protocolo de abordaje y con jueces que actúen de acuerdo a la ley".
"Si se hubieran iniciado procesos judiciales contra los cacerolazos o el conflicto de la 125 (por las retenciones a las patronales del agro) hubieran acusado al Gobierno de perseguir la legitima protesta social", advirtió el legislador.
No obstante, Harispe señaló que "el conflicto de los grupos pequeños, fundamentalmente de izquierda, que han hecho de este tipo de protesta un método de acumulación política conflictúa el debate".
Por su parte, Grosso destacó que "el proyecto político del Frente para la Victoria incorporó la protesta social a la agenda política" aunque se distanció de los distintos proyectos que se debaten en el Parlamento porque "se plantea la idea de regular la protesta".
Una legisladora del bloque oficialista opinó que "el mito fundante del piquete es de una Argentina que no existe" y en este punto Grosso afirmó que "hay que diferenciar la protesta política del piquete político".
E incluso, el legislador aseguró que "no es contradictorio" que desde el oficialismo se hable de la década ganada y se defienda la protesta social porque, según argumentó, este método de reclamo "es una herramienta que debe ser legalizada, reglamentada e incorporada a los derechos de los trabajadores".
El tema comenzó a ser debatido el martes pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados con el tratamiento de los proyectos presentados por legisladores de distintos bloques y continuará el próximo 10 de junio con una reunión a la que serán invitados dirigentes de Quebracho, la CTA-ATE, Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales.
Ello quedó traducido en las opiniones de los diputados Leonardo Grosso y Gastón Harispe, ambos del Frente para la Victoria, quienes trascendieron a partir de su participación en diferentes movimientos sociales.
"Es necesaria una normativa para la reglamentación de la protesta social, para que sea legalizada. La protesta social, como un fenómeno nuevo, rige hoy como un derecho y necesitamos legislarla y protegerla", argumentó Grosso, también dirigente del Movimiento Evita, en diálogo con DyN.
En tanto, Harispe evaluó que "es innecesario" establecer una ley para legislar la protesta social y aseveró que al Gobierno "le metieron este debate para resolver lo que jueces y los fiscales no hacen".
Harispe, ex dirigente de la Agrupación Quebracho y secretario general del Movimiento Octubres, recordó que "cuando cortábamos las rutas en los 90 por situaciones de hambre y falta de trabajo siempre vinieron los jueces rápidamente".
Destacó que ese problema de convivencia ciudadana "se resuelve con un protocolo de abordaje y con jueces que actúen de acuerdo a la ley".
"Si se hubieran iniciado procesos judiciales contra los cacerolazos o el conflicto de la 125 (por las retenciones a las patronales del agro) hubieran acusado al Gobierno de perseguir la legitima protesta social", advirtió el legislador.
No obstante, Harispe señaló que "el conflicto de los grupos pequeños, fundamentalmente de izquierda, que han hecho de este tipo de protesta un método de acumulación política conflictúa el debate".
Por su parte, Grosso destacó que "el proyecto político del Frente para la Victoria incorporó la protesta social a la agenda política" aunque se distanció de los distintos proyectos que se debaten en el Parlamento porque "se plantea la idea de regular la protesta".
Una legisladora del bloque oficialista opinó que "el mito fundante del piquete es de una Argentina que no existe" y en este punto Grosso afirmó que "hay que diferenciar la protesta política del piquete político".
E incluso, el legislador aseguró que "no es contradictorio" que desde el oficialismo se hable de la década ganada y se defienda la protesta social porque, según argumentó, este método de reclamo "es una herramienta que debe ser legalizada, reglamentada e incorporada a los derechos de los trabajadores".
El tema comenzó a ser debatido el martes pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados con el tratamiento de los proyectos presentados por legisladores de distintos bloques y continuará el próximo 10 de junio con una reunión a la que serán invitados dirigentes de Quebracho, la CTA-ATE, Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales.
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