06.06.2014 - 10:06 /
Revés para Campagnoli: la Justicia falló en su contra
El fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, Fernando Uriarte, emitió un fallo en el que sostuvo que deben desestimarse las inconstitucionalidades presentadas por José María Campagnoli
El fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, Fernando Uriarte, emitió un fallo en el que sostuvo que deben desestimarse las inconstitucionalidades presentadas por José María Campagnoli, el fiscal que fue apartadado de sus funciones por presuntas irregularidades en la investigación en el caso Lázaro Báez.
A partir del 16 de junio, el fiscal suspendido enfrentará el juicio político luego de que una comisión evaluadora –a instancias de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó– lo acusara de violar las reglas procesales por modificar el objeto de la causa en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado. Tras la apelación de Campagnoli, Fernando Uriarte entendió que la normativa que regula el proceso de ejuiciamiento contra magistrados es constitucional y aseguró que el artículo 29 del Reglamento del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, mediante el cual se podrá solicitar la suspensión del magistrado sometido a juicio, se encuentra completamente operable y no presenta ningún atisbo de inconstitucionalidad.
A la vez, el fiscal general remarcó que lo que resulta revisable en sede judicial es la sentencia final del Tribunal de Enjuiciamiento, que absuelve o condena al imputado, pero no "las decisiones adoptadas por dicho órgano con anterioridad, en la medida en que no se trate de situaciones resueltas con carácter definitivo"
A partir del 16 de junio, el fiscal suspendido enfrentará el juicio político luego de que una comisión evaluadora –a instancias de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó– lo acusara de violar las reglas procesales por modificar el objeto de la causa en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado. Tras la apelación de Campagnoli, Fernando Uriarte entendió que la normativa que regula el proceso de ejuiciamiento contra magistrados es constitucional y aseguró que el artículo 29 del Reglamento del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, mediante el cual se podrá solicitar la suspensión del magistrado sometido a juicio, se encuentra completamente operable y no presenta ningún atisbo de inconstitucionalidad.
A la vez, el fiscal general remarcó que lo que resulta revisable en sede judicial es la sentencia final del Tribunal de Enjuiciamiento, que absuelve o condena al imputado, pero no "las decisiones adoptadas por dicho órgano con anterioridad, en la medida en que no se trate de situaciones resueltas con carácter definitivo"
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