Eugenio Zaffaroni: "No veo motivo para un juicio político a Gils Carbó"

 

En exclusiva con Política Argentina, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, defendió a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en su decisión de continuar en su cargo.  En cuanto al fallo sobre coparticipación de impuestos, advirtió que "esta decisión desfinancia el sistema previsional en cierto plazo y, más lejanamente, pone en peligro las empresas estatales"


- La Corte declaró la inconstitucionalidad de la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable de impuestos. ¿Le generó sorpresa que haya sido 15 dìas antes de la asunción de Macri?

- No tengo claro el sentido de esta decisión a pocos días de la elección y en vísperas del nuevo gobierno. Esto estaba planteado desde hacía mucho tiempo. Sin duda se trataba de un problema político, relativo a la coparticipación, tema que no pudo resolverse nunca y que fue el central en todo nuestro federalismo, desde 1853, no lo olvidemos. Razonablemente era una cuestión que debía resolverse políticamente, es decir, negociando una solución aceptable. 

- El futuro ministro de Interior de Macri, Rogelio Frigerio, se reunió esta semana con Ricardo Lorenzetti por este tema. ¿Qué consecuencias puede generar en el próximo gobierno?

- Esta decisión desfinancia el sistema previsional en cierto plazo y, más lejanamente, pone en peligro las empresas estatales. Estas cosas no pueden resolverse en sentencias, tenemos que ser más cerebrados políticamente y aprender a negociar, en el cano sentido de la palabra. Los bandazos nunca son buenos.

-Si bien en el brindis de fin de año Lorenzetti ratificó que continuarán los juicios por los delitos de lesa humanidad, ¿existen riesgos de que cambie la política en materia de Derechos Humanos a partir del 10 de diciembre?

- No creo que la sociedad argentina acepte calladamente cualquier tentativa en este sentido. No veo la forma de parar los juicios, una amnistía sería inconstitucional y nos crearía responsabilidad internacional. El único riesgo posible son formas más solapadas de desaceleración, pero tenemos querellantes.

- La oposición decidió no tratar los pliegos de Roberto Carles, Domingo Sesín ni  Eugenio Sarrabayrous para reemplazarlo en la Corte. ¿Comparte esa postura que había que dejarlo para el próximo gobierno? ¿Que dificultades generó que estuviera incompleta?

- En principio, creo que una Corte de cinco ministros es una enorme concentración de poder, máxime cuando hay jueces de todas las instancias que se atribuyen poderes contralegislativos que son propios de tribunales constitucionales y extraños a nuestro sistema de control difuso. El problema se agrava cuando son tres, por supuesto, porque se requiere unanimidad para llegar a sentencias. Si bien la Corte en ese caso se puede integrar, lo cierto es que la jurisprudencia sería inestable, pues decidirían cada caso jueces diferentes. Además, no sería posible integrarla en todos los casos, las demoras serían enormes y el costo también.

- Carlos Fayt renunciará el 10 de diciembre y entre los posibles candidatos para integrar la Corte Suprema sonaron Ernesto Sanz, Alejandro Fargosi y Ricardo Sáenz . ¿Quién debería ocupar esos dos lugares?

- Pienso que hay nombres interesantes: Mónica Pinto, Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier y muchos otros.

- Ante el pedido de renuncia del macrismo, Elena Highton de Nolasco defendió la posición de Gils Carbó de continuar en su cargo al argumentar que el cargo de procurador general de la Nación "es vitalicio". ¿Cree que debería renunciar ante las críticas recibidas?

- No todo lo que se decide es del agrado de todos, ganen o pierdan elecciones. No defiendo a la Procuradora en su estabilidad porque sea simpática o antipática para tal o cual sector. Hace muchos años critiqué fuertemente a Néstor Kirchner cuando era gobernador por afectar la inestabilidad del Procurador General de su provincia. Mantengo la misma posición.

- ¿Y se justificaría un juicio político? 

- No veo motivo para un juicio político.

- Durante los últimos años se ha hablado de un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre la Justicia. ¿Actualmente se cumple la división de poderes? 

- En principio, no hay división de poderes, sino separación, que no es lo mismo. El poder no se divide, sino que simplemente se reparte, para que nadie lo hegemonice. Creo que una Corte Suprema con doce o quince jueces, bien conformada, con un amplio acuerdo de partidos en busca de lo mejor, sería de momento lo adecuado. Digo de momento, porque la solución más seria sería una reforma constitucional que acabe con este sistema presidencialista que está agotado. Vayamos un día a un parlamentarismo en serio, tengamos un tribunal constitucional en forma, separemos la tarea de control constitucional de la de casación. No tenemos el mejor sistema de gobierno ni tampoco un control constitucional fuerte y, para colmo, tampoco una casación bien hecha.

- Desde el PRO se ha desprestigiado a algunos fiscales y jueces tildándolos de "militantes", algo que no sucedió con el dirigente de ese espacio y fiscal general de la Ciudad, Martín Ocampo. ¿Está mal que los magistrados hagan pública su postura política? 

- Esto sucedió toda la vida, no es ninguna novedad: el que adopta una posición popular es “militante”, pero el conservador que claramente milita en un sector se pone la máscara de “independiente”. El “hombre serio” que escribe en La Nación siempre es “independiente”, y los que escribimos en Página 12 somos “militantes”. Si uno es peronista y habla en un sindicato es un “militante”, pero si habla en el Jockey Club es un “independiente”. Esto es más viejo que el diluvio.

- Macri designó a Germán Garavano como ministro de Justicia de la Nación. ¿Qué referencias tiene de él?

- No lo conozco bien, tengo entendido que es un técnico.  

- Uno de los ejes de la campaña fue el narcotráfico y la Corte Suprema creó una comisión judicial para ayudar a combatirlo. ¿Cuánto ayudará para terminar con este flagelo? 

El narcotráfico no se resuelve fácilmente. Nuestro país está relativamente a salvo por razones geopolíticas, pero debemos cuidar las fronteras. El peligro mayor sería que nos tomen como punto de triangulación de cocaína. No es un problema judicial, sino policial, de policía de fronteras. Insisto en que es “policial”, no judicial ni tampoco, Dios me libre, de Fuerzas Armadas, que claramente no son policías. Hay que hacer lo que se debe hacer y nada más ni nada menos. Perfeccionemos y dotemos de lo necesario a nuestras policías fronterizas y listo.

- Otro de los temas electorales fue el del papel de la Justicia en el problema de la inseguridad y Massa dijo que "Macri apoyó las propuestas de Cristina (Kirchner) y Zaffaroni para bajar las penas" de los delincuentes. ¿Considera que la postura de Macri se encuentra más cercana al garantismo o a la mano dura?

-Lo de garantismo o mano dura es una simpleza con la que se le toma el pelo al público. Cuando alguien afirma que va a prevenir el delito con papelitos, está engañando a la gente. Se la engaña con la “reincidencia”, venden figuritas de colores. Tenemos un sistema de reincidencia que deja adentro a los ladroncitos y suelta a los psicópatas. Hicimos un proyecto para dejar adentro a los psicópatas y tender un puente a los ladroncitos. Claro que si 4 no lo agarran, también proponemos que queden adentro. Basta de engañar al público con estas cosas. Seamos serios, por lo menos en esto, donde hay vidas humanas en juego. No sé qué piensa Macri. Mi trato en la Comisión fue con Federico Pinedo y siempre me pareció una persona razonable e informada.

- Tras vetar más de 100 leyes de la Legislatura porteña durante su gestión en la Ciudad, el periodista Morales Solá aseguró que Macri "vetará todas las decisiones irrazonables que el Congreso tomó en la última hora del cristinismo". ¿Qué piensa del uso abusivo de ese recurso?

- Es el presidencialismo: sufre el síndrome de Penélope. Uno teje y el otro desteje. El Poder Ejecutivo es co-legislador, pero si veta todas las leyes y legisla mediante decretos de necesidad se vuelve legislador. Es el inconveniente del presidencialismo de nuevo: un Presidente sin mayorías parlamentarias está tentado de asumir la función legislativa. Espero que prime la cordura.

-Luego de pedir la renuncia de Martín Sabbatella en la AFSCA, hay rumores de que habrá posibles cambios en la ley de medios. ¿Qué herramientas tiene la Corte para evitarlo?

- Como cualquier ley, la ley de medios audiovisuales puede reformarse, derogarse o reemplazarse, pero debe hacerlo el Congreso, por supuesto. La Corte no tiene por qué evitarlo, si la nueva ley que sancione el Congreso es constitucional. Es una decisión política, que en tanto se mantenga dentro del marco constitucional no debe ser materia de la Corte ni de ningún tribunal.

-  ¿Por qué el Grupo Clarín aún no se adecuó a la normativa vigente a pesar de que la Corte ratificó su constitucionalidad? 

-Hasta el momento, es obvio que el Grupo monopólico no se adecuó a la ley porque fue amparado generosamente por varias instancias judiciales. El problema no es lo que haga el Grupo, que no hace más que defender sus intereses, lo que es natural y no tiene por qué ser Santa Isabel de Hungría. El problema es que haya jueces que obstaculicen durante años la aplicación de una ley vigente y declarada constitucional.

- En estos días se generó una polémica en torno al lugar donde se hará la asunción. ¿Podría hacerse en la Rosada como pidió Macri? 

- Bueno, se puede hacer en cualquier lado, pero siempre el Presidente juró ante la Asamblea Legislativa, salvo en los golpes de estado. Creo que es tradicional hacerlo así. Por otra parte, es lo que dispone el artículo 93º de la Constitución Nacional. Por supuesto que la Asamblea Legislativa puede reunirse en la casa de gobierno o donde quiera, para eso es soberana, pero creo que es un poco incómodo y además anormal. Lo lógico es que la Asamblea Legislativa se reúna en su propia casa, es decir, en el Congreso de la Nación.  

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