El dirigente radical, Mario Cimadevilla,
fue designado como titular de la Secretaría de Investigación del Atentado contra la AMIA, la popularmente conocidad Unidad AMIA, que había estado a cargo del fiscal Nisman.
En el marco de dicha designación, acordada con el ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, Cimadevilla señaló la posibilidad de avanzar en
una reforma procesal que permita “el juzgamiento en ausencia” para el caso de los imputados iraníes que se niegan a concurrir ante las autoridades judiciales argentinas por la causa AMIA.
En la entrevista que otorgó a Radio Mitre, Cimadevilla
citó ejemplos de juicios en ausencia en el mundo, como el caso del criminal nazi Erich Priebke, quien fuera juzgado en ausencia por tribunales italianos o la condena que tribunales franceses dictaron sobre Alfredo Astiz por el asesinato de las monjas francesa Alice Domon y Leonie Duquet.
Sin embargo, la idea no está exenta de polémicas, toda vez que
para diversos especialistas el juicio en ausencia viola lo establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, relativo al derecho a la defensa.
En el año 2014, el PRO presentó en el Congreso Nacional
un proyecto de ley elaborado por la DAIA para instituir la figura de “juicio en ausencia” para aquellos casos en los que un requerimiento de extradición activa fuese denegada expresa o tácitamente por el país extranjero y el Poder Ejecutivo no admita el juzgamiento en aquél país”, una figura que corresponde exactamente a lo que sucede en el caso AMIA. El proyecto fue presentando por Patricia Bullrich y acompañado por Laura Alonso y Federico Pinedo en la firma.
En el marco
del debate en comisión de dicho proyecto, la ministra del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg, agregó un segundo cuestionamiento al proyecto, además de la violación del derecho a la defensa por no estar presente:
“las leyes no son retroactivas, no puede ser utilizado para el caso del juicio de AMIA”, afirmó la magistrada que fue miembro del tribunal que juzgó a los autores de los crímenes de Ruanda.
La imposibilidad de tomar declaración a los imputados iraníes fue uno de los motivos principales que esgrimió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. En la primera declaración tras la muerte del fiscal Nisman, Cristina Kirchner sostuvo que el Memorándum se había firmado “para que finalmente la causa saliera de la parálisis en que estaba también desde el año 2004, porque
no se lograba tomar declaraciones a los acusados y no hay posibilidad en nuestro país, por nuestro orden constitucional, de que alguien sea juzgado y condenado si no es, además, interrogado e indagado, no puede haber juicios en ausencia”.