La estrategia va por el mismo lado que los últimos cinco días: un Decreto de Necesidad y Urgencia. El próximo buscaría reformar la ley de Ministerio Público, que es la norma que define la estabilidad del procurador general de la Nación. Así, cambiando la organización de la procuración y las fiscalías, desde el Gobierno buscarán acotar el mandato del procurador, achicar sus responsabilidades y su rol para forzar la salida de Alejandra Gils Carbó.
Sin embargo, una salida de este tipo será cuestionada por los afectados ante la Justicia, y este fue el motivo por el que era importante para el macrismo tener asegurada una Corte integrada por más de tres jueces.
Otro de los DNU que están listos para salir antes de fin de año es el que permitirá poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, cuya implementación está demorada, otro para cubrir las vacantes en los tribunales una vez que venza el plazo establecido por la Corte Suprema para mantener en sus lugares a los jueces subrogantes, otro relacionado con el Consejo de la Magistratura y un último decreto que busca sumarle facultades a la Oficina Anticorrupción.