Luego de que ejecutivos en actividad y ex directivos de grandes empresas extranjeras y nacionales, dejaran sus empresas para formar parte del Gobierno de Cambiemos, la flamante directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, habló sobre este tama y aseguró al diario La Nación:
"No importa si venís del sector privado o de Marte, lo que importa es que en la función pública te desempeñes de acuerdo a los principios de la ley y la Constitución".
"No es relevante saber si éste es el gobierno que tiene más o menos incorporaciones del sector privado; lo es que somos la gestión que se muestra más abierta a decir: venimos del sector privado, queremos saber cuáles son nuestras limitaciones para ejercer cargos públicos", afirmó Alonso.
Sobre la administración de la incompatibilidad y el conflicto de intereses que podrían surgir de esta situación en donde muchas veces el encargado de supervisar será un funcionario formado en la empresa a controlar, según la propia Oficina Anticorrupción (OA), estos son los expedientes más comunes de conflicto de intereses, "funcionarios que tienen o han tenido vínculos con una empresa privada y a la eventualidad de que desde su cargo tomen decisiones que favorezcan a esa organización, de manera que ese beneficio también los alcance".
"Es importante desafiar el prejuicio de que el que ingresa desde el sector privado es malo; es un falso dilema", dijo Alonso. La ley establece que los designados a controlar tienen que renunciar a los vínculos privados como condición para acceder al cargo y después abstenerse de intervenir en cuestiones relacionadas con esos vínculos. De supervisar que esto efectivamente suceda se encarga la OA, que depende del Ministerio de Justicia y su titular es designado por el Presidente.
"Se combate con mayor transparencia en la gestión. Cuando hay muchos ojos mirándote y no sólo los organismos de control es mejor. Por eso el presidente Macri firmó el decreto 117 [de apertura de datos] que es un primer paso hacia un gobierno abierto en donde toda la información esté publicada", explicó la ex diputada de Pro.
"En administraciones anteriores había funcionarios que iniciaban de golpe una actividad privada y ni siquiera registraban que podían tener un potencial conflicto de interés. Se transformaron en empresarios, nunca consultaron y el sistema no tuvo fortaleza para controlarlos", afirmó Alonso.