11.02.2016 / Denuncia del Gobierno
Allanaron domicilios particulares de empleados y ex empleados de la agencia Télam
Fue durante el miércoles por la noche, a partir de la denuncia que realizó el presidente de Télam, Rodolfo Pousá a instancias del ministro Hernán Lombardi. Es por los videos que Pousá entregó a Infobae y luego a la Justicia denunciando supuesto robo de material de Télam.
En la noche del miércoles, alrededor de las 22 horas, el juez federal Ariel Lijo dictó una orden de allanamiento a partir de la denuncia del presidente de Télam, Rodolfo Pousá, a instancias del ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, contra la casa de empleados y ex empleados de la agencia Télam que aparecen en los videos presentados por Pousá ante la Justicia. El allanamiento se produjo a pedido del fiscal que interviene en la causa, Guillermo Marijuán.
Pousá habría entregado al portal de noticias Infobae un video con una grabación de una cámara de seguridad donde se veía a tres empleados ingresar con cajas a un ascensor . Luego de la publicación en un medio privado, Pousá realizó una denuncia ante la Justicia que cayó en el juzgado de Ariel Lijo. En menos de 24 horas, el juez ordenó un allanamiento sobre los domicilios particulares de los involucrados. Testigos del allanamiento relataron que se secuestraron agendas vacías con el logo de Télam y cajas con hojas membretadas de la agencia. Asimismo, sostuvieron que Gendarmería amenazó con llevarse detenidos sin una orden a los allanados, bajo la figura de “averiguación de antecedentes”.
El allanamiento se produce en medio de una discusión al interior de la agencia, en la que la nueva gestión pidió la renuncia de varios gerentes de línea a los que considera “puestos políticos”. En ese sentido, fuentes de la agencia sostienen que el propio Rodolfo Pousá reclamó el pago de una indemnización por despido luego de negarse a renunciar a su puesto político tras la caída del gobierno de la Alianza. El actual presidente de la agencia Télam, designado por Hernán Lombardi, cobró entonces una suma cercana al millón de pesos de la agencia estatal de noticias por ese juicio.
Especialistas consultados durante la jornada del miércoles por la noche aseguraron que los allanamientos en horario nocturno tienen carácter excepcional para aquellos casos en los que peligre el orden público . En tal sentido, el artículo 225 del Código Procesal Penal vigente refiere que “cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol. Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consienta, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público”.
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