Mauricio Macri y Gabriela Michetti fueron denunciados por el uso abusivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, el fiscal federal Federico Delgado desestimó la acusación, pero criticó su utilización.
La presentación judicial fue realizada por la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos por el delito de “sedición” y “abuso de autoridad”, debido al uso abusivo que el mandatario hizo de esa herramienta constitucional. Los denunciantes consideraron que el accionar del presidente violaba el artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece cuáles son sus atribuciones.
No obstante, Delgado consideró que allí no existe un delito, pero aclaró:
"Los comportamientos denunciados no son ilegales, pero ello no otorga legitimidad a los mismos, frente a lo cual cobra especial relevancia la tensión que existe entre legalidad y legitimidad". En ese sentido, recalcó la importancia de que sea legítimo, porque “
en la legitimidad se juega la creencia del ciudadano que es el único combustible que alimenta las prácticas de la interpelada representación política".
También, consideró que "la apuesta ideal de la Constitución a la que hay que tratar de acercarse como un horizonte, es la de un juego de poderes que tenga la armonía de una danza" y para eso, "la legalidad y la legitimidad deben ir de la mano". Si eso no se alcanza, "
la pura coerción legal se aleja de la danza y se acerca a la lógica del rock chabón".