Más del 70% de los altos funcionarios del gobierno provienen del sector privado

Sobre un total de 104 funcionarios considerados, 40 de ellos (un 38,5 %) provenían de empresas y 35 (un 33,7 %) se desempeñaba en cámaras empresarias, fundaciones, consultoras, estudios jurídicos, contables y financieras.

El relevamiento del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA y del Área de Economía y Tecnología de FLACSO indicó que de los actuales funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, el 27,9 % formaba parte de la administración pública antes de ser designado en el Ejecutivo nacional, específicamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que de los 40 funcionarios que formaban parte de empresas, el 78% de ellos (31 en total) actuaban en "bancos transnacionales y empresas extranjeras".

“Mayoritariamente, estos funcionarios ejercían previamente altas funciones en las firmas en las que actuaban, lo cual dio lugar a que se caracterizara a la gestión actual como “el gobierno de los CEO” o como la “Ceocracia”, señalan.

Por otro lado argumentan que "la representación de los grupos económicos locales se ubica en las antípodas del lugar que asume el capital extranjero dado que de esa fracción provienen sólo 7 funcionarios”.

"Los sesgos en contra de la producción industrial y agropecuaria, especialmente esta última, son parcialmente compensados por los que provienen de las firmas de la sociedad civil que son auxiliares de los sectores dominantes que congregan el 33,7% de los funcionarios. En este sentido son especialmente relevantes 13 de ellos que provienen de cámaras empresariales que representan el 12,5% de los intelectuales orgánicos que integran el gobierno actual", se informó.

Asimismo, "tanto fundaciones como consultoras, estudios jurídicos, contables e incluso entidades financieras" aportan en conjunto un 21,2 por ciento de los altos funcionarios del elenco gubernamental.

Los funcionarios considerados son aquellos de mayor jerarquía (de subsecretario en adelante) designados oficialmente por la gestión de Cambiemos, o que ya están en funciones sin designación oficial, que se desempeñan en áreas económicas y afines.

Se relevaron las siguientes áreas: Ministerio de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Producción, Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Energía y Minería, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, Cancillería, Banco Central, Banco Nación, Comisión Nacional de Valores, YPF, ENARGAS, ENARSA, ENRE, Aerolíneas Argentinas, ANSES, PAMI, Administración de Infraestructura Ferroviaria y Operadora Ferroviaria.

En este marco concluyen que el Gobierno está conformado por empleados de bancos transnacionales y empresas extranjeras, mientras que los grupos económicos locales y los grandes terratenientes pampeanos si bien forman parte del bloque de poder no ejercen demasiado poder.

Por otro lado respecto de la procedencia de los funcionarios, según el informe, la Universidad de Buenos Aires es la que tiene un claro liderazgo “ya que allí obtuvieron su título de grado el 70,1% de los funcionarios que estudiaron en instituciones públicas”.

Le siguen los recibidos en la Universidad Católica Argentina (43,2% de los funcionarios egresados de instituciones privadas), después los de la Universidad Torcuato Di Tella (13,5%), San Andrés (10,8%) y la Universidad Austral (2,9%). Según indican es notable el predominio de la UCA dado que a nivel nacional esta casa de estudios solo alcanzó el 6% de los egresados de las instituciones privadas.

¿Cuáles son las consecuencias de las últimas medidas económicas?

Otro de los temas investigados fue respecto a las decisiones que tomó el Ejecutivo en el plano económico. En es este marco desde CIFRA señalan que:

. La devaluación del 40% de la moneda
. La reducción o eliminación de retenciones a las exportaciones
. El ascenso en las tasas de interés
. La liberalización en el movimiento de capitales
. La apertura económica (asimétrica)
. La desregulación de ciertos mercados (sector financiero, hidrocarburos, aseguradoras, exportaciones agrícolas)
. Los primeros pasos en materia del endeudamiento externo
. Aumentos de tarifas de los servicios públicos y combustibles
. Los despidos masivos en la esfera estatal
. Los anuncios de reducción del gasto y el déficit fiscal
. Las metas de inflación
. La política de contención a las paritarias

Estas medidas tiene una finalidad común que es la de “redefinir la naturaleza del Estado”. En este marco señalan que “se trata de alcanzar una modificación radical respecto a la estructura estatal kirchnerista y reemplazar las políticas regulatorias en diversos planos (cambiario, comercio exterior, precios, inversión, sectores de actividad, etc.) por el libre juego de la oferta y la demanda”. Explican que el objetivo es delegar la regulación económica en las “corporaciones oligopólicas”.

En segundo lugar sostiene que “las diversas medidas tienen como meta llevar adelante un ajuste en el proceso económico”. En esta línea sostienen que con la meta de eliminar los “desequilibrios macroeconómicos” producto de los excesos en la intervención estatal y la sobreexpansión del consumo interno en base a los altos salarios de los trabajadores y a un elevado gasto público, no se tiene en cuenta “las causas estructurales de la restricción externa tales como el tipo de crecimiento industrial (que requiere altas y crecientes importaciones) y la elevada fuga de capitales al exterior (dada la internacionalización productiva y financiera del capital extranjero y los grupos económicos locales)”.

“La política económica adoptada por el gobierno actual a pesar del corto tiempo transcurrido generó una situación seria e inconclusa en términos de la pobreza e indigencia, la cual es previsible que se agrave a lo largo del año en curso teniendo en cuenta que se asiste a un proceso inflacionario en pleno desarrollo en el marco de una política económica que le está transfiriendo crecientemente al sector oligopólico la capacidad de regular el proceso económico en su beneficio”, concluyen.

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