Luego de que se dudase del futuro de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, y de que desde el empresariado advirtiésen que
sin su construcción se terminaría la ayuda económica china, ahora el problema de las usinas tiene un nuevo capítulo.
El Gobierno revisó el proyecto que dejó el gobierno de Cristina Kirchner y estableció, según La Nación, las siguientes condiciones: quiere continuar con su construcción y con la financiación china, pero sólo si los ganadores de la licitación aceptan modificaciones que implicarán una reducción de la capacidad de generación eléctrica.
Esta reducción sería canjeada por el tendido de una línea de alta tensión de más de 1000 kilómetros que permitiese llevar la energía a centros de mayor consumo. Por esto mismo, el precio del contrato sería el mismo. El presupuesto de la obra es de US$ 5500 millones, de los cuales US$ 4770 millones vendrán de China.
Según informó La Nación, mientras el contrato firmado era para que la central Kirchner tenga siete turbinas y la Cepernic cinco, ahora el gobierno pretende que tengan seis y tres respectivamente. Así, la producción energética total disminuiría aproximadamente un 25%.
Represas Patagonia (la asociación entre la compañías Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo que se encargará de la construcción del proyecto), publicó un comunicado el 30 de diciembre en el que aseguró que
“continuar con las obras significa mantener abierta la relación virtuosa lograda con la segunda economía del mundo".
"Una eventual paralización de las obras pondría al Estado nacional en incumplimiento del contrato de financiamiento, que tendría consecuencias de su rescisión y por tanto devolución inmediata y pérdidas por un monto aproximado de 1.500 millones de dólares”, explicaron.
Además, Represas Patagonia recordó que
“el proyecto y su financiamiento son partes indivisibles de la asociación estratégica integral con la República Popular China, acordada y refrendada por ley del Congreso”. Además, alertó por la pérdida de 1.500 puestos de trabajo actuales, además de 3.500 empleos directos futuros y 10 mil indirectos. Asimismo, sostienen que su no construcción privaría
"al país de 1.740 megavatios necesarios para la creciente demanda energética”.
A su vez, aseguraron que se “pone en riesgo financiamiento acordado (con China) por unos 13 mil millones de dólares” y el “swap de monedas por 11 mil millones de dólares” que usa el Banco Central”.
La canciller Susana Malcorra se se reunió en enero con el embajador chino, Yang Wanming, y Malcorra le anticipó que el proyecto continuaría si se aceptaban los cambios propuestos. Por su parte, el ministro de Energía Juan José Aranguren, explicó hace dos semanas que se tomó
"la decisión de ajustar el proyecto" y añadió que
"se puede hacer bien".
