28.03.2016 / A 40 años del último golpe de Estado
La sociedad argentina da un rotundo apoyo a las políticas de DDHH
Un estudio de Ibarómetro muestra que amplias mayorías sostienen que deben seguir siendo juzgados quienes cometieron crímenes en la dictadura.
La consultora Ibarómetro realizó un sondeo de opinión sobre el pensamiento de la sociedad argentina acerca de las políticas de Derechos Humanos y su parecer con la última dictadura cívico - militar.
El trabajo de Ibarómetro muestra que los sentimientos negativos suman un 80 por ciento de las opiniones, con ciudadanos que sostienen que asocian la dictadura con un sentimiento de tristeza, de bronca o de miedo. Debe tenerse en cuenta que gran parte de los encuestados no vivieron la dictadura, pero sí tuvieron padres, madres, abuelos y abuelas que transitaron por aquellos años.
Del otro lado, la encuesta muestra que apenas el 1,6 por ciento de los consultados dice sentir orgullo respecto de lo hecho por los militares durante el proceso. De todas maneras, de ese diez por ciento sólo el 1,6 utiliza el término orgullo para referirse a lo hecho por los militares durante el Proceso.
Ramírez sintetiza la cuestión de las edades de la siguiente manera: “Resulta elocuente que los menores de 30 años, aquella generación socializada políticamente durante el kirchnerismo, sean los menos receptivos de la idea de pasar la página y cerrar el tema. El concepto según la cual es un tema cerrado suscita adhesiones minoritarias en contraste con una enfoque más extendido según el cual aún quedan muchas cosas por resolver en materia de verdad y justicia. Es decir, más allá de la tarea de la justicia, existe una sociedad que no se pronuncia en favor del olvido; lo cual singulariza nuevamente a la Argentina, cuyos avances en justicia y en políticas de la memoria contrastan con otra sociedades donde los reinicios democráticos se transitaron sin condenas ni activas políticas de la memoria”.
“Desde la perspectiva ampliamente compartida de que a 40 años el caso de la dictadura no está cerrado –afirma Ramírez–, debe comprenderse que un 61,4 por ciento afirma que el actual gobierno de Mauricio Macri debería impulsar la continuidad de los juicios contra los responsables de los crímenes del Proceso. Aquí el pedido de continuidad es transversal a los diferentes segmentos políticos de la sociedad. El reclamo se reduce en el segmento oficialista de la población –o sea los que votaron a Mauricio Macri– pero aun en este sector el pedido en favor de la continuidad de los juicios mantiene proporciones dominantes. En un escenario político fuertemente polarizado, el pedido por profundizar el camino de verdad y justicia se convierte en uno de los pocos puntos de encuentro de sectores con orientaciones políticas muy divergentes”.
“Frente a estos marcados contrastes y discontinuidades percibidas –concluye el titular de Ibarómetro–, surge de aquí en adelante la oportunidad de que el consenso social que la encuesta detecta se traduzca en una verdadera política de Estado sostenida por gobiernos de signos políticos e inclinaciones ideológicas diversas. En este sentido, y en una coyuntura en la que se discute recurrentemente el significado de la herencia, el estudio revela una herencia simbólica y cultural poco atendida por los analistas, relacionada con un clima de valores en cuya configuración el Gobierno anterior tuvo un rol destacado y por el cual se rechaza enérgicamente cualquier tipo de olvido y/o regresión autoritaria”.
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