Más allá de los aumentos en el costo de vida que propulsaron la suba en los precios de los alimentos y de los servicios, otro de los principales problemas que agobia la economía de las familias se refieren a los alquileres. Ahora los inquilinos volverán a sufrir un duro golpe al bolsillo en el pago de los alquileres, donde asimismo se advierte una falta de regulación y control por parte del Estado.
La senadora del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu elaboró junto a las 14 organizaciones del Frente Nacional de Inquilinos un proyecto de ley para frenar los abusos por parte de las inmobiliarias y los propietarias. De prosperar la iniciativa, los contratos de alquiler con fines de vivienda tendrán una duración mínima de tres años –12 meses más que en la actualidad- y los ajustes anuales en el precio no podrán superar las proyecciones de inflación calculadas por el Indec para el mismo período.
El proyecto supone reformar el capítulo 4 del Código Civil y Comercial de la Nación, además propone que las expensas extraordinarias en ningún caso sean pagadas por el inquilino, que el depósito en garantía no supere el valor de un mes alquiler y que el monto de lo devuelto por ese concepto al término del contrato sea equivalente al último período abonado.
Adicionalmente, estipula que las comisiones cobradas por las inmobiliarias sean estrictamente determinadas por ley en cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, sean siempre inferiores o iguales a un mes de alquiler.
Por último, el proyecto supone la eliminación del plazo de seis meses para la rescisión del contrato (que podría hacerse al inicio del mismo) y señala que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.
"Argentina es un país atrasado en materia de alquileres y esta norma viene a poner un poco de seriedad y a equilibrar las asimetrías en la relación entre inquilino, propietario, inmobiliarias y mercado", dijo Gervarsio Muñoz, referente del Frente Nacional de Inquilinos.
La senadora nacional García Larraburu aseguró que el incesante aumento de precios "está acorralando en particular a una clase social, la de los trabajadores", que "están viviendo una situación un poco límite porque una de cada tres familias alquila, prácticamente tienen cerrado el acceso al crédito y se ven sometidos a los manejos arbitrarios" del mercado inmobiliario, lo cual "es muy injusto". "Si sumamos el 100 por ciento de aumento en el transporte, el 300 por ciento en el gas y el 500 por ciento en la luz, el alquiler termina siendo una espada de Damocles que está sobre las familias", concluyó.
Por su parte la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó una guía para que los inquilinos conozcan sus derechos.