La fiscalía a cargo de Federico Delgado solicitó el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, por el delito de enriquecimiento ilícito. En este sentido consideró que la fuente de su incremento patrimonial ilegal fue su cargo de funcionario público.
“El señor José López, desde la perspectiva de la fiscalía, debe ser procesado por enriquecimiento ilícito. Todo hace pensar que la fuente de su incremento patrimonial ilegal fue su cargo de Secretario de Obras Públicas que ocupó durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esa función de López en el Poder Ejecutivo está bajo inspección judicial en una dimensión mayor que la de su patrimonio”, explicó el escrito del fiscal.
Además determinó que “las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fue detenido López revelan con nitidez que estaba intentando asegurar la impunidad de hecho escondiendo las pruebas del delito”.
En esta línea el dictamen asevera que “allí estriban los riesgos procesales que pueden hacer fracasar la investigación y que sólo se pueden evitar mediante la citada medida de cautela persona”.
A continuación el escrito completo al que tuvo acceso Política Argentina:
SOLICITA PROCESAMIENTO Y CONEXIDAD
///ñor juez:
José López fue intimado a explicar su injustificado incremento patrimonial en la oportunidad prevista por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación el 16 de junio del corriente año. En esa oportunidad eligió, de acuerdo a su derecho constitucional, no declarar. Es decir que no explicó la diferencia que existe entre los datos que se desprenden de sus declaraciones juradas patrimoniales presentadas mientras se desempeñó como Secretario de Obras Públicas de la Nación, tal como lo señaló VS en el momento de la intimación, con respecto a la suma de U$S 8.982.047, de Euros 153.610 y $ 159.114. Tampoco de los dos relojes marca Rolex, modelos “Oyster Perpetual” y “Spid Master Automátic”, elementos hallados en su poder el día 14 de junio de 2016, en horas de la madrugada, en el monasterio “Nuestra Señora del Rosario de Fátima”, ubicado en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Ello lo coloca en una franca infracción al artículo 268, inciso 2° del Código Penal de la Nación; es decir, debe ser procesado por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, la decisión debe ser acompañada de la prisión preventiva. En efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fue detenido López revelan con nitidez que estaba intentando asegurar la impunidad de hecho escondiendo las pruebas del delito. Por lo tanto, allí estriban los riesgos procesales que pueden hacer fracasar la investigación y que sólo se pueden evitar mediante la citada medida de cautela personal. Hasta aquí, más allá de los tropiezos de la pesquisa, la cuestión es sencilla.
DE LA CONEXIDAD
Dicho esto es necesario retomar el planteo que la fiscalía realizó en varias oportunidades. La última, precisamente antes y durante de la detención de López. Pero vamos a mirarla desde otra perspectiva para que nuestro planteo sea más claro. Para ello vamos a dar un pequeño rodeo.
Del sistema de asignación de expedientes en el fuero federal deriva que por cada denuncia se forme una causa. El señor x presenta una denuncia y se inicia una investigación. Cada denuncia se sortea y así se determina que juez la va a investigar. Dicho mecanismo tiende a preservar la transparencia y a evitar que las personas elijan el juez que más les gusta o que eviten el que no les gusta. Pero es preciso dar un paso más para ver y luego eludir una consecuencia no querida del citado mecanismo.
Ello es así porque hay casos en que ese sistema tiende a fragmentar hechos que son únicos. Por ejemplo, en el supuesto de hechos complejos, cometidos durante mucho tiempo, por varias personas, en momentos y modos diferentes, etc. Allí, puede pasar que dos ciudadanos tomen conocimiento de una parte de ese hecho multimodal y lo denuncien en tiempos distintos. Uno denunció una estafa y seis meses después otro que además de la estafa hubo una coima. Habría dos jueces interviniendo. No hay problemas con eso.
Sin embargo, la dinámica de las investigaciones puede indicar que esa separación de causas, anclada en aquella simple contingencia, genere un efecto no querido para la administración de justicia: la fragmentación anómala de un acontecimiento que significa el recorte del hecho como mínimo. Y, como máximo, puede ser fuente de impunidad. Veámoslo en el caso.
El señor José López, desde la perspectiva de la fiscalía, debe ser procesado por enriquecimiento ilícito. Todo hace pensar que la fuente se su incremento patrimonial ilegal fue su cargo de Secretario de Obras Públicas que ocupó durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esa función de López en el Poder Ejecutivo está bajo inspección judicial en una dimensión mayor que la de su patrimonio.
La propia Sala II de la Cámara Federal de alguna manera lo vio de este modo, cuando receptó uno de los agravios de la fiscalía –lamentablemente el otro no fue mantenido por el Señor Fiscal General Diego Velasco y ahora sería decisivo hacerlo efectivo porque aludía a la posible fuga de dinero al exterior-. Pero decíamos que la Cámara lo vio de ese modo porque consideró que el Señor juez instructor debía examinar nuevamente si la causa del enriquecimiento ilícito no era conexa con el expediente “Rovella & Carranza” del Juzgado Federal N° 5, ya que hay fuertes indicios acerca de un interés especial de López en la relación de esa firma con el Estado Nacional. Pero además, “Rovella & Carranza ” tendría un fuerte vínculo con “Austral Construcciones”, de Lázaro Báez. Este, está sometido a proceso en el Juzgado Federal N° 7 por el delito de lavado de dinero. Pero las fuentes de alimentación de ese delito, son parte de la causa “Kirchner, Néstor s/asociación ilícita” del Juzgado Federal N° 10. Allí, la cuestión nodal es el análisis judicial de la obra pública durante las administraciones “Kirchner y Fernández de Kirchner” Precisamente López ocupaba la Secretaría de Obras Públicas.
Parece un trabalenguas pero no lo es. El señor López administró la obra pública. Desde allí incremento su patrimonio. Su comportamiento se inscribe en esa matriz de sentido.
¿No es tiempo, entonces, de concentrar “Rovella & Carranza” y “López” en el marco de la causa del Juzgado N° 10 “Kirchner” para dejar de analizar imágenes sueltas y estudiar toda la película. Sabemos que por una vieja jurisprudencia de la Cámara Federal que, al menos desde la fiscalía, nunca logramos modificar, este tipo de decisiones sobre la conexión de los proceso no se pueden impugnar en principio. Pero hay una excepción: que se separe un hecho único.
A esta altura nos parece que estamos frente a esa excepción. La causa “López” y la causa “Rovella & Carranza” pertenecen a la matriz de sentido que edifica el expediente “Kirchner” a cargo del juez Ercolini. En otras palabras, el dinero mal habido de López está conectado con su función pública, su interés en los negocios de “Rovella & Carranza” también. En consecuencia, estas dimensiones no pueden separarse de la causa mayor, de la que atrapa el movimiento de la obra pública en un determinado momento histórico.
Por lo tanto separar los expedientes, solamente porque las denuncias las hicieron personas diferentes y en tiempos diferentes, significa un apego al mecanismo de asignación de causas que puede poner en tela de juicio el descubrimiento de la verdad que, después de todo, es el objetivo de la instrucción (artículo 193 del CPPN). No corresponde, entonces, acotar el hecho al enriquecimiento ilícito. Hay que bucear otro tipo de contingencias. Por ejemplo, ¿de dónde salió el dinero que tenía López en su poder? Responder esa pregunta significa reconstruir parte de su trabajo como Secretario de Obras Públicas. Si lo hace Usted, Señor juez, debería, entre otras cosas, duplicar el trabajo de su colega Ercolini. Ello decididamente no sería un efecto reconocido ni querido por la ley.
Fiscalía Federal N° 6, 23 de junio de 2016.