11.08.2016 / En defensa de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo porteño pidió ser "amicus curiae" contra los tarifazos

El organismo que conduce Alejandro Amor se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa que tramita el amparo colectivo presentado por el “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” contra el Ministerio de Energía y Minería . Todos los detalles.




El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo porteña en calidad de Amicus Curiae, en la causa que tramita el amparo colectivo presentado por el  “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, por los tarifazos. 

En la presentación, el Defensor sostuvo que "tanto la normativa federal como también la local impone a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cuestiones, defender, proteger y promover los derechos colectivos garantizados en la Constitución Federal y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Amor señaló también que en reiteradas oportunidades tomó contacto con las autoridades nacionales de las carteras ministeriales y mantuvo  reuniones de trabajo en las cuales se expresó "la zozobra por las consecuencias que provocó el aumento indiscriminado de tarifas" y "se señaló la ineludible obligatoriedad de realizar audiencias públicas que permitan oír todas las voces conforme la voluntad constituyente y dotar a la administración de adecuados elementos en pos de adoptar la decisión más sensata".

Desde la Defensoría remarcaron que "la realización de la audiencia pública se constituye como un requisito indispensable que otorga validez a los actos que se atacan. En concreto su falta de realización afectó directamente los intereses de los usuarios del servicio público".

Habiéndose producido dicha afectación, y conforme las consecuencias directas producto del actuar estatal, claramente la presente causa adoptó una gravedad institucional de tal magnitud que resulta inoponible a la luz de las diferentes presentaciones judiciales efectuadas a lo largo y ancho de todo nuestro país.