Gils Carbó dictaminó en contra de los aumentos de gas dispuestos por el Gobierno

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra de los aumentos en las tarifas de gas dispuestos por la gestión del presidente Mauricio Macri. En su presentación pidió que el máximo tribunal confirmara el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que llevó a la suspensión de los aumentos. De todos modos, su dictamen no es vinculante para la Corte.

Gils Carbó presentó hoy su dictamen y la Corte Suprema de Justicia quedó ahora en condiciones de dictar sentencia en este caso, algo que podría concretarse mañana. La procuradora consideró que la falta de audiencia pública previa a la decisión de aumentar las tarifas del gas restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.
Si bien remarcó que es facultad del Poder Ejecutivo definir la política pública en esta materia, advirtió que el control judicial debe garantizar que no se afecten derechos humanos y fundamentales vinculados al acceso al servicio de gas.

Según publicó el Ministerio Público Fiscal, la procuradora señaló que el tribunal platense interpretó “adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Gils Carbó recordó que “si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a favor de los usuarios y consumidores. En tal sentido, una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”.

La jefa de los fiscales consideró además que la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas a lo largo de todo el país demostró que el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas, lo cual “pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia. Y agregó que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.