Las similitudes entre algunas acusaciones que reciben los expresidentes Cristina Kirchner y Lula Da Silva en la Justicia argentina y brasileña, así como entre las estrategias de sus defensas, llaman por momentos la atención.
Este lunes, Cristina Kirchner declaró ante el juez Julián Ercolini en una causa en la que se la acusa de presunto fraude con la obra pública otorgada al empresario detenido Lázaro Báez. La expresidenta denunció que se trata de una "maniobra formidable de persecución política", remarcó que la ejecución presupuestaria de la Nación está en manos de los jefes de Gabinete y que las obras públicas eran determinadas por el Congreso de la Nación.
Además, reclamó una investigación de "manera completa, integral y centralizada de toda la obra pública" entre 2003 y 2015, y una "readecuación del objeto procesal, para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares".
En Brasil, en tanto, el juez federal Sergio Moro acusa a Lula, entre otros presuntos delitos, de presionar al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para que concediera créditos a la empresa Odebrecht a fin de que lograse adjudicarse un contrato en Angola.
De acuerdo a esa acusación Lula habría hecho gestionas a favor de Odebrecht en el marco de una misión comercial a Angola. En las últimas horas, l
os abogados de Lula le pidieron al juez reunir información sobre 84 misiones comerciales lideradas por Lula con empresarios durante sus dos mandatos presidenciales.
La defensa de Lula, según informó el sitio web personal del expresidente, busca "demostrar que el líder del PT no actuaba en benficio exclusivo de Odebrecht" sino que impulsaba que todas las empresas realizaran obras y exportaciones.
"Moro dice, sin embargo, que las misiones comerciales son 'rrelevantes" para el proceso", se quejó la defensa de Lula. El juez "también cuestionó un pedido de los abogados para que la Presidencia de la República diera información sobre 84 misiones empresarias, incluyendo datos sobre sus destinos y los participantes".
"Esas pruebas serían usadas para rebatir la acusación de que Lula habría favorecido a Odebrecht en negocios en el exterior, principalmente en América del Sur y el continente africano", señaló la defensa del expresidente.
Según consta en el sitio web personal de Lula, "analizadas en un contexto amplio, las misiones podrían indicar, según la defensa, que Lula actuó en nombre de varias empresas, con el objetivo de generar más empleos e intensificar las relaciones de Brasil con otros países".
La defensa de Lula se quejó también de que el juez MOro "también cuestionó testimonios" pedidos por el expresidente. "La defensa de Lula y su esposa, Marisa Letícia, pidió 37 testimonios, inlcuyendo dos senadores, un diputado, el ministro de Hacienda y un ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión. También pidió testimonios en el exterior", advirtió.