El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria aceptó la invitación del gobierno argentino de visitar el país, en respuesta al pedido de liberación inmediata de la dirigente indígena Milagro Sala, pero aunque advirtió que "la única respuesta satisfactoria es la liberación" de la dirigente, presa desde el 16 de enero.
"El gobierno invitó al Grupo pero eso no puede constituir una respuesta a (nuestra) decisión. La única respuesta satisfactoria es la liberación" de Milagro Sala, dijo a la AFP el presidente del Grupo, Roland Adjovi. "El gobierno federal tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones", agregó.
Funcionarios argentinos declararon que la petición de la ONU había sido remitida a la Provincia de Jujuy. "En principio sería una visita de seguimiento, pero como hace mucho que la primera visita tuvo lugar (en 2003), una visita completa sería lo más apropiado. La cuestión será resuelta una vez convenida la fecha", consideró Adjovi, quien aclaró que "no puede haber visita exclusivamente ligada al caso Milagro Sala".
En cuanto a la fecha de la visita del Grupo, una fuente de la organización que pidió conservar el anonimato informó a la agencia AFP, que la ONU le ha propuesto a la Argentina que sea en mayo de 2017.
La decisión del Grupo de la ONU de exhortar a la Argentina a liberar a Milagro Sala fue apoyada en los últimos días por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de haber sido compartida por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y por expertos de los Comités de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Nahla Haidar), y para la Eliminación de la Discriminación Racial (Pastor Murillo Martinez y Francisco Cali Tsay).
Pese al pronunciamiento en el mismo sentido de los principales organismos internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno de Jujuy ratificó en las últimas horas la prisión de la dirigente, al tiempo que el presidente Mauricio Macri confirmó el carácter de presa política de Sala, al reconocer que se mantiene privada de su libertad por cuestiones ajenas al Estado de derecho.
“A la mayoría de los argentinos nos pareció que había cometido delitos".
