El escenario elegido este viernes por
María Eugenia Vidal para resaltar las virtudes de su gestión tal vez no fue el más indicado. Si bien fue efectivo para poner en evidencia la cercanía de su administración con un sector de los gremios estatales, la selección de anuncios realizada despertó suspicacias entre los presentes.
"Después de 60 años, el IOMA va a tener un servicio de emergencia para el trabajador y su familia” destacó la mandataria provincial al referirse a la nueva prestación implementada por el Instituto de Obra Médico Asistencial bonaerense. Se trata de
un nuevo plan de atención ambulatoria de urgencias en toda la provincia, para los más de 2 millones de afiliados de la obra social provincial.
Sin embargo, el proceso de licitación del nuevo servicio sufrió varios traspiés judiciales durante el 2016, retrasando la puesta en marcha de la iniciativa y despertando sospechas sobre el entonces titular de IOMA Sergio Cassinotti, hoy flamante interventor del PAMI.
Las críticas provinieron de diversos sectores, entre ellos parte de los representantes gremiales (Suteba) en el Directorio de la Obra Social, también de la Cámara Argentino Bonaerense de Empresas de Medicina de Emergencia (CABEME) e incluyeron una denuncia ante la justicia Contencioso Administrativa de La Plata por parte de la empresa de Emergencias Médicas UDEC.
Según se indicó,
la licitación del servicio de emergencias por un monto de casi 400 millones de pesos anuales estaba siendo direccionada a una serie de empresas, con especial énfasis en Emergencias SA, una compañía controlada por la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN. Además, la licitación era impulsada en el marco de la polémica ley de Emergencia Administrativa sancionada por la administración de Vidal, la cual permite evitar los mecanismos de control posibilitando así mayor celeridad en las contrataciones.
La polémica se desató en tanto las autoridades de IOMA podrían incurrir en algún tipo de conflicto de interés ya que mantenían muy estrechos vínculos con UPCN, sindicato presuntamente interesado en la contratación.
Sergio Cassinotti, el propio titular de IOMA había estado al frente de Unión Personal, la obra social de aquel gremio durante una década. Además, uno de los vocales del Directorio que aprobó la licitación, Luis Pérez, se desempeñaba como Secretario de Finanzas de dicho sindicato, mientras que el director general de Administración del IOMA, Víctor López Monti, también formó parte de Unión personal junto a Cassinotti.
Ante esta situación, dos fallos judiciales de los jueces María Ventura Martínez y Francisco Terrier detuvieron la licitación a mediados del año pasado, volviendo a foja cero el proceso administrativo que volvió a iniciarse en noviembre de 2016 con un final aún incierto. Las empresas beneficiarias de un negocio de 400 millones de pesos anuales aún no fueron dadas a conocer por el gobierno bonaerense. Sin embargo María Eugenia Vidal, junto a los líderes de UPCN, acaban de poner en marcha el servicio.
