La superpoblación en las cárceles bonaerenses llevan a que las fugas y los motines por las durísimas condiciones edilícias en la que se encuentran las cárceles de la Provincia. La gobernadora María Eugenia Vidal ya trabaja con empresas privadas extranjeras para construir nuevos centros de detención ante el déficit de diez mil plazas.
“Hay grupos privados de origen españoles, mexicanos y una empresa china que se dedica a la fabricación de celulares que desde hace un tiempo llegó al país, que se presentaron ofreciéndonos la construcción de unidades”, reveló el subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan Baric al diario El Día.
El proyecto cuenta, desde el año pasado, con amparo legal. En 2017, la Legislatura bonaerense adhirió a la ley nacional de contratos de participación público-privada. Es el marco normativo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri para crear un régimen de contratación mixto entre el Estado y capitales privados “con el objetivo de desarrollar proyectos en diversas áreas”, como por ejemplo, la de infraestructura penitenciaria.
La población carcelaria que supera los 38 mil internos repartidos en 54 unidades penitenciarias y cinco alcaidías. Según datos oficiales, la cantidad de plazas carcelarias en territorio bonaerense es de 28 mil, lo que significa un déficit de 10 mil plazas. En las cinco alcaidías, el total de lugares es de 800, pero en este caso no hay sobrepoblación ya que cuentan con celdas individuales.
En comisarías, en tanto, estimaciones extraoficiales hablan de tres mil detenidos alojados que representan una de las caras más dramáticas del fenómeno, ya que la mayoría están en condiciones de hacinamiento que los defensores oficiales calificaron como “intolerables”
Por otro lado Vidal puso en marcha dos obras financiadas, en parte, con fondos Nación, que aportó 500 millones de pesos. Se trata de la ampliación de las unidades de Lomas de Zamora y Campana, donde se vienen construyendo nuevos pabellones con capacidad para 216 y 324 internos, respectivamente.
“El Estado tiene que proveer seguridad y no puede cederle la tarea a un privado”, explicó Baric al especificar que una vez que hagan los edificios podrían explotar el servicio de comunicación o la comida pero que no se trata de un intento privatizador sobre el sistema penitenciario.
