En plena tensión entre el gobierno nacional de
Mauricio Macri y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se produjo
una semana con dos decisiones judiciales que voltearon, paradójicamente, dos operaciones mediático-judiciales contra el kirchnerismo, que fueron usadas por el oficialismo para agitar presiones sobre Comodoro Py.
El primer golpe a las operaciones que el Gobierno utilizó para desplegar el fantasma de la supuesta "corrupción sistemática" del kirchnerismo ocurrió el lunes, cuando
la Cámara Criminal y Correccional Federal Nº1 sobreseyó a dos funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social que habían autorizado a Cristina Fernández de Kirchner a cobrar su pensión como expresidenta.
Los jueces de segunda instancia
Jorge Luis Ballestero y
Leopoldo Bruglia desprocesaron a
Guadalupe Niño y a
María Cecilia Insaurralde Amaya, que habían sido denunciadas y procesadas por el juez Luis Rodríguez a instancias del fiscal Carlos Stornelli por haberle otorgardo el beneficio a la exmandataria cuando existía una supuesta incompatibilidad por la percepción de la pensión del también exjefe de Estado Néstor Kirchner.
En su argumentación, Ballestero destacó que
"la cuestión traída a conocimiento de las imputadas a los efectos de ser evaluada y emitir una opinión era, sin dudas, novedosa, pues no existían precedentes de un caso de esas características" y destacó:
"No necesariamente nos enfrentamos a la ocurrencia de un delito. De hecho, si no fuera así, cualquier ´error´ o ´diferencia de criterio´ acarrearía responsabilidad penal".
Por su parte, Bruglia también fue lapidario con la
operación agitada por Clarín de la mano del periodista Daniel Santoro:
"No existen pruebas que permitan avalar el elemento subjetivo que el tipo penal requiere, configurándose una hipótesis de discusión sobre la interpretación de una norma legal".
El fallo enterró una denuncia que sindicaba a Niño, la directora de Jurídicos del ministerio de Desarrollo Social, y a Insaurralde Amaya, la abogada de la comisión nacional de pensiones asistenciales de Desarrollo Social, como responsables de haber otorgado una pensión a la exmandataria.
El segundo impacto contra la metodología de mover denuncias públicas en un entramado integrado por Comodoro Py, medios de comunicación y algunos dirigentes oficialistas, se generó ayer, cuando
Luciano Di Césare, el último titular del PAMI del gobierno de CFK, fue absuelto ayer en el juicio oral y público al que lo había llevado el polémico juez Claudio Bonadio por presuntamente haber destinado fondos del organismo a letras del tesoro nacional.
Diego Velázquez, el fiscal del juicio, pidió la absolución porque determinó que
la maniobra fue legal en el marco de que no significó un fraude para el PAMI ni afectó de ninguna manera las prestaciones que el organismo brinda a los jubilados. Sin acusación, el Tribunal Oral y Federal 2 decidió la inocencia del exfuncionario.
"No existen siquiera indicios de un menoscabo de las prestaciones asistenciales, o de algún tipo de deterioro de los activos del PAMI que pueda relacionarse con la decisión del imputado de suscribir letras del tesoro", concluyó el fiscal.
No sólo medios privados, como La Nación, sino que también la agencia pública
Télam habían reiterado artículos en que hablaban de un exfuncionario kirchnerista
"procesado por la compra de letras del tesoro con plata de los jubilados".
