Por el escándalo desatado por el caso de presutas coimas anotadas por un chofer en varios cuadernos, el juez Claudio Bonadío ordenó una nueva ola de detenciones que culminó con el
apresamiento del empresario Raúl Vertúa y del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, consecuencia de los datos aportados por Carlos Wagner en su confesión. Además, dictó la orden de detención para Claudio Uberti y José María Olazagasti, ex funcionarios del Gobierno anterior.
Las detenciones de Lascurain y Vertúa son consecuencia de las declaraciones de Carlos Wagner, ex miembro de la Cámara Argentina de la Construcción, que, como arrepentido, le brindó datos a Bonadío.
El ex titular de la UIA declaró el jueves, cuando aseguró no tener "nada de qué arrepentirme" y confirmó su colaboración con la Justicia al presentarse en los tribunales. Vertúa, por su parte, hizo lo propio el miércoles, pero datos aportados a la causa le permitieron a Bonadío dudar de las declaraciones y ordenar las detenciones.
Con Wagner, ya hay ocho empresarios devenidos en "arrepentidos" en la causa. Según la ley, todos deberán aportar "información relevante y de mayor envergadura para la causa" y todos ellos quedaron en libertad por el momento. Se trata del dueño de Iecsa y primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa; Armando Loson, de Albanesi; Juan Carlos De Goycochea, ex de Isolux; Héctor Zabaleta, ex director de Techint; Aldo Roggio, Jorge Neyra, de Electroingeniería.
Además, Bonadío
dictó la orden de detención de Uberti y Olazagasti, dos ex funcionarios del Gobierno anterior. Según Infobae, la declaración de Luis Betnaza, director de Techint, fue clave para la decisión. El empresario apuntó a tres ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal como quienes le pidieron dinero para interceder en un conflicto en Venezuela.