Algunas cosas, aunque parezca increíble, no le están saliendo bien al Gobierno en su relación con la justicia. Al menos, en el caso del vínculo con la Corte Suprema. Es que en medio de la embestida de
Mauricio Macri para destituirlo a través de un juicio político,
el máximo tribunal le bajó el pulgar al líder PRO mediante una fuerte señal de apoyo al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de su investigación sobre una red de espionaje ilegal que salpica a dirigentes de Cambiemos, al fiscal amigo presidencial Carlos Stornelli, a la AFI y a periodistas, pero principalmente resquebraja el expediente de las fotocopias de los cuadernos que se encuentra en el centro de los intereses electoral de Cambiemos.
La Corte definió este martes otorgarle a Ramos Padilla la asistencia que solicitó ante los legisladores de la comisión de Libertad de expresión de la Cámara de Diputados. Además del auto necesario para la investigación, determinó que se designe un secretario de Juzgado y un jefe de Despacho. Todo esto mientras Comodoro Py opera para sacarle el caso al juez de Dolores y llevarlo a territorio porteño.
"Autorizar a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de mayo del corriente año, los contratos a favor de 2 dos agentes -cuyas categorías presupuestuarias a continuación se detallan- para desempeñarse en el juzgado de Dolores: 1 Secretario de Juzgado 1 Jefe de Despacho", sostiene la Resolución.
Esto significa la autorizaciónpara contratar dos funcionarios judiciales para desempeñarse en el Juzgado Federal de Dolores. Se trata de un secretario de juzgado y un jefe de despacho que colaborarán con Ramos Padilla en una investigación en la que todavía no avanzó sobre una gran cantidad de evidencia debido a la falta de estructura. Además, el juez dispondrá de un auto para las tareas que requiere la causa.
Se trata de un
fuerte mensaje político destinado principalmente al gobierno nacional, en el que los supremos aprobaron por unanimidad otorgarle a Ramos Padilla los recursos que había solicitado para llevar adelante la investigación que sacude al mundo político y judicial.
A pesar de esa unanimidad,
Política Argentina pudo saber que
el gesto a favor de Ramos Padilla o, más bien, en contra de los intereses del Gobierno, fue impulsado por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la llamada "mayoría peronista", que vienen actuando en bloque como contrapeso del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, muy cercano a Macri. Sin chances de bloquear prácticamente nada, Rosenkrantz y
Elena Higton de Nolasco se sumaron porque negarse a la institucionalidad de brindar apoyo a un juez que sólo pide recursos para investigar hubiera sido muy burda.
Durante el fin de semana,
Lorenzetti, justamente, le había pegado duro al Gobierno por su intención de revivir una "polarización" contra Cristina y también por la "vetocracia.
Durante su paso por el Congreso, Ramos Padilla había denunciado la falta de recursos para investigar ante un caso de tanto impacto y nivel de escándalo y también las trabas que le pone el Gobierno, como negarle a través del Servicio Penitenciario el traslado de los detenidos para que declaren.
El magistrado también reclamó al Consejo de la Magistratura, donde Macri ordenó denunciar al juez para destituirlo, el aporte de elementos informáticos para examinar las pruebas que recabó. Por ejemplo, en el Congreso aseguró que le vendría bien una computadora con mayor capacidad de almacenamiento para procesar la información.
Por otra parte, esta decisión de la Corte se da
mientras la Procuración General de la Nación, conducida por el macrismo a través del interino Eduardo Casal, ensaya un plan B para sostener la causa de los cuadernos: este organismo busca sustitutos a Stornelli, incluso pidiéndole al fiscal elegirlos. Esta operación, por ahora, no avanza porque el ex empleado de Macri en Boca Juniors se atornilla al expediente y resiste.
La decisión de los cortesanos se dio antes del acto de apertura del año judicial, donde Rosenkrantz admitió la "pérdida de confianza" en la justicia y le pidió a los magistrados "mostrar, todos y todos los días, que sí somos verdaderos jueces de una democracia republicana" para despejar la desconfianza social.
