“Estoy obsesionado con desenmascarar al juez Moro y a sus amigos. Quiero demostrar esta farsa armada. Armada aquí -en Brasil-, armada en el departamento de justicia de los Estados Unidos, con declaraciones de los procuradores. Yo tengo una obsesión. No guardo odio, no tengo rencor. Yo estoy acá, para buscar justicia, para probar mi inocencia”.
Estas palabras fueron pronunciadas por
Lula Da Silva frente a los periodistas del Diario El País y Folha de Sao Paulo que lo entrevistaron en abril de 2019. Desde la cárcel de Curitiba en donde cumple con la condena por lavado de dinero y corrupción -11 años de prisión que luego fueron reducidos a 8 años y 10 meses-, a la que fue sentenciado por el juez Moro, la cual le impidió seguir su carrera hacia un tercer mandato presidencial.
Hace una semana, una investigación del diario digital
The Intercept, liderada por el periodista
Glenn Greenward, dio a conocer
mensajes privados entre el juez de la causa Lava Jato, y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro y el fiscal de la causa, Deltan Dellagnon, en donde Moro hacía sugerencias acerca de cómo debía ser guiada la investigación, hasta el punto tal de quejarse por cómo se estaba llevando adelante o recomendar qué fuentes se debía interrogar.
Además, las filtraciones de The Intercept revelaron que
en 2016 Moro y Dellagnon utilizaron, de manera ilegal, grabaciones realizadas con una orden judicial a Lula, en las cuales mantenía una conversación con Rousseff. Las escuchas fueron utilizadas con fines políticos para sugerir que el PT preparaba una nominación de Lula a jefe de Gabinete, para garantizarle impunidad.
Las conversaciones dadas a conocer también revelaron que
Moro influía sobre los fiscales para que operen en la prensa con el objetivo de cuestionar el testimonio de Lula, en la causa por el triplex de Guarujá. Otros mensajes demuestran cómo los fiscales consideraron que era mejor impedir una entrevista de Lula en la cárcel, antes de la primera vuelta electoral, porque su imagen – aún estando preso- beneficiaba al Partido de los Trabajadores (PT).
La imparcialidad de Moro, y la intencionalidad política de dejar a Lula fuera de carrera presidencial, que el Partido de los Trabajadores viene denunciando desde el inició de la causa contra el expresidente, vuelven a estar en primera línea de la escena política brasileña, y las posiciones entre quienes lo apoyan y quienes no, se hicieron visibles.
Los medios de comunicación, que fueron una pieza clave en el golpe institucional contra Dilma, se mostraron distantes de la figura de Moro. La revista Veja, que cumplió durante estos años el papel de una caja de resonancia de la megacausa, tituló en su nota de tapa: “Desmoronando”, y en su editorial, llamada Carta al lector, sostuvo que Moro traspasó la línea de la decencia y la legalidad en su papel de magistrado y abandonó la imparcialidad intrínseca a su cargo.
El apoyo del gobierno de Bolsonaro a su ministro de Justicia, tampoco fue inmediato. Las primeras figuras de peso en pronunciarse fueron su hijo Eduardo, diputado nacional, que sostuvo que era una campaña para debilitar al gobierno, y el vicepresidente Hamilton Moreau, representante del ala militar del gobierno, quién no goza de la mejor relación con el presidente.
Bolsonaro tardó en pronunciarse, tuvo un gesto al asistir acompañado por Moro a un partido de fútbol del Flamengo, días después de que se conociera las filtraciones. Pero el fin de semana, al ser consultado por el escándalo de las escuchas, advirtió que él “sólo confía 100% en su madre”. El gobierno atraviesa un momento incierto, con una economía que no se recupera, una alta desocupación, la salida de tres funcionarios de primera línea en sus primeros seis meses y protestas en la calle. En este contexto abrazar a Moro podría significar hundirse con él.
Es que
la imagen heroica construida alrededor del exmagistrado, sostenida en parte por la opinión pública y los medios de comunicación, se va debilitando. Aunque todavía conserva la confianza de una gran parte de la población, y es percibido como uno de los ministros más valorados del gabinete.
No sólo es su salida del gobierno lo que se pone en juego, sino la posibilidad de que se anule el proceso de Lava Jato, si se comprueba que el “Mani pulite brasileño” ha sido un instrumento para la persecución política, más que un proceso judicial para la regeneración del país.
El día 25 de junio será una fecha clave, el Tribunal Supremo de Justicia debe decidir si acepta el recurso presentado por Lula (cuando Moro fue nombrado ministro del gabinete de Bolsonaro) para anular la condena, bajo el argumento de que el exjuez actuó por motivaciones políticas en la causa contra el líder del PT.
Habrá que esperar para saber si el impulso generado a partir de las filtraciones de The Intercept inclinará la balanza a favor del estado de derecho y de las garantías constitucionales, que han sido erosionadas durante todo el proceso del Lava Jato. Pero una cosa es conocida por oficialistas y opositores:
Lula goza de una alta popularidad entre los brasileños, su liderazgo es indiscutido.
En libertad puede darle una fuerza renovada a la oposición, y comenzar a poner en jaque a la experiencia ultraderechista de Brasil. Son muchos sectores los que ven esto como una gran amenaza, y, es de esperarse, que como lo han hecho anteriormente, arbitren todos los medios necesarios para impedirlo. Aunque esto deteriore, aún más, a la malherida democracia brasileña.
