La conocida como "
Causa Independiente" se trata de una investigación sobre una presunta defraudación al club de Avellaneda por parte de sus dirigentes, Hugo y Pablo Moyano. La misma hasta el momento no tiene pruebas y se base en las declaraciones del ex jefe de la barra brava
Pablo "Bebote" Álvarez, que en las últimas horas
fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
El violento que lucró con el Club tlético Independiente consiguió irse a su casa con una tobillera electrónica, a pesar de que días atrás la jueza Brenda Madrid no lo aceptó como arrepentido en la causa.
El premio para Álvarez llegó
por una declaración que realizó en diciembre del 2018, en la que acusó a la familia Moyano de encabezar una asociación ilícita para defraudar a Independiente.
La misma fue refritada durante los últimos días por medios oficialistas y la justicia de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna María Eugenia Vidal, reaccionó casi al instante.
Según el fiscal Sebastián Scalera, Pablo Moyano encabeza una asociación ilícita a través de la cual realizó maniobras defraudatorias en detrimento de las arcas del club, como la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos sin ingresar al patrimonio de la sede deportiva los ingresos correspondientes a dichas entradas.
El abogado de la familia Moyano, Daniel Llermanos, retrucó los argumentos de los funcionarios judiciales y el barra brava y aseguró que se trata de algo armado para perjudicar a los sindicalistas opositores al gobierno de Mauricio Macri.
Caber remarcar que el ex líder de los violentos de la institución de Avellaneda está detenido gracias a una denuncia realizada por la dirigencia del club, tras lo que habría sido un intento de extorsión al director técnico Ariel Holan.
La prisión domiciliaria otorgada a "Bebote", y el avance contra los dirigenes de Independiente, se da pocos días después de que el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo De Lazzari, asegurara que existen "causas armadas".
De Lazzari había advertido que comenzaban a registrarse "situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo que públicamente es conocido en la órbita federal, en donde se está sustanciando una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores”.
Para coronar la buena sintonía entre Pablo Álvarez y la justicia bonaerense, la magistrada Madrid accedió a un pedido del fiscal Scalera para reducirle la pena.
En la práctica, y de acuerdo al artículo 41 esto implica la posibilidad de "
reducir en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información".
Álvarez se encuentra acusado de ser uno de los organizadores de la asociación ilícita.