La presión sobre Evo Morales logró su salida anticipada del poder. El presidente renunció ayer por la tarde, cuando debía hacerlo recién el 20 de enero de 2020, fecha en la que finaliza su mandato que comenzó en 2014 cuando ganó con el 61% de los votos. Las elecciones del 20 de octubre sumieron al país en una crisis política que comenzó con denuncias de fraude por parte de la oposición, disturbios en la calle, y ataques a los familiares y propiedades de los funcionarios y referentes del MAS.
Este movimiento fue la antesala de un golpe de Estado, que se terminó de consolidar cuando las fuerzas armadas le “sugirieron” al presidente que renunciara.
Bolivia es el país que más crece en América del Sur, a diferencia de los proyectos denominados “pos neoliberales”, es un ejemplo en términos de crecimiento de la economía. En los últimos cinco años, el PBI creció 4,6% anual y la desigualdad se redujo 25%. Además, el país cuenta con los índices de desocupación (4%) y de inflación (1,7%) más bajos de América Latina.
En el caso boliviano -a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela-, no es fácil justificar intentos de desestabilización sobre la base de los propios errores cometidos en el plano económico. Su secreto parece ser haber combinado una redistribución del ingreso, impulsada por el Estado, sin provocar desajustes a nivel macroeconómico y un pragmatismo que va más allá de lo económico.
Este pragmatismo quedó en evidencia, en el plano internacional, cuando, por ejemplo, Evo Morales se refirió a Jair Bolsonaro como un “hermano” al felicitarlo por su asunción. Sin perder de vista la importancia estratégica de Brasil, más allá del abismo ideológico que los separa.
La excepcionalidad del gobierno del MAS para Bolivia, y los logros alcanzados, es reconocida por propios y ajenos. Pero esta mirada sobre el proceso boliviano se vio opacada cuando el 21 de febrero de 2016, Evo Morales impulsó un referéndum mediante el cual le consultó a la ciudadanía si lo habilitaba a una nueva postulación. La respuesta fue negativa. Frente a los resultados adversos y en un contexto de avance neoliberal en la región, Evo apostó por recurrir a una maniobra judicial para lograr una nueva postulación.
El 2017 el Tribunal Constitucional de Bolivia aprobó una nueva postulación para las elecciones de 2019.
El MAS planteó una campaña protagonizada por figuras como Adriana Salvatierra, la presidenta del senado, -una joven de 29 años- con el objetivo de instalar la idea de “regeneración” para contrarrestar la mirada crítica sobre un deseo de “perpetuación en el poder” y una falta de renovación de cuadros.
En el frente opositor, Carlos Mesa, -ex vicepresidente de Sánchez de Lozada que llegó al poder en 2003, luego de la guerra del gas-, aglutinó con un discurso moderado, a los sectores que cuestionan la postulación de Morales, la cual consideran “inconstitucional”.
Pero la crisis social desatada bajo denuncias de fraude electoral fue protagonizada por una derecha radicalizada, que alberga expresiones racistas, encabezada por un personaje que defiende principios “religiosos” en sintonía con lo que sucede en otros países de la región. Luis Fernando “el Macho” Camacho, representante cruceño, miembro de la élite empresarial, se apoderó de la escena como referente de la oposición.
Frente a la movilización social y la impugnación de las elecciones por parte de la oposición, el gobierno habilitó una auditoría de la OEA la cual concluyó que se habían cometido irregularidades, y recomendó repetir las elecciones.
El presidente anunció la mañana del golpe que aceptaría la repetición de las elecciones “para que el pueblo boliviano pudiera elegir democráticamente a sus nuevas autoridades”. Morales ofrecía una salida electoral a la crisis, pero la oposición se volvió intransigente y profundizó la movilización y los ataques contra miembros del gobierno. La renuncia de Morales fue seguida por la del vicepresidente, Álvaro García Linera, y la presidenta de senado. El jefe de la Cámara de diputados ya había renunciado algunas horas antes, presionado por el secuestro de su hermano, por parte de grupos de la oposición.
La detención de Mel Zelaya en 2009 abrió un capítulo de movimientos destituyentes en la región, que continuaron con el “juicio express” contra Fernando Lugo, y el golpe institucional contra Dilma Rousseff.
Lo que sucedió en Bolivia es un golpe tradicional con un rol decisivo de las fuerzas armadas, el amotinamiento de la policía, el rechazo de la salida electoral por parte de la oposición y el secuestro de algunos funcionarios, referentes y sus familias.
El revanchismo y el odio de clase es un elemento presente en el discurso y el accionar de la derecha radicalizada.
