El final de los tiempos de Cambiemos en el Poder Ejecutivo parece conjugarse, al unísono, con el derrumbe de una gran cantidad de operaciones judiciales y mediáticas que el actual oficialismo montó para esmerilar al kirchnerismo durante los últimos cuatro años. En este caso,
se conoció un listado de miles de deudores de AFIP que incluye entre otros a Mirtha Legrand, River Plate y hasta a una empresa del propio Mauricio Macri que destroza una denuncia de Elisa Carrió contra Cristóbal López y el organismo recaudador para atacar la gestión que culminó en 2015.
Según publicó Gabriel Morini en Ámbito Financiero, una ampliación de aquella denuncia realizada posteriormente al inicio de aquel expediente y cuando esa pesquiza ya se encuentra en etapa de juicio oral, impulsó una causa que tramitó en secreto en el fuero penal económico, tribunal natural de cualquier discusión legal de índole tributaria.
Sin embargo, hace unos meses,
todo el expediente que involucra a unas 1232 personas -entre físicas y jurídicas- pasó a Comodoro Py. Todos esos contribuyentes están ahora siendo notificados de que existe
una causa en su contra por haber sido beneficiarios de los 1613 planes especiales de la AFIP otorgados durante la gestión de Ricardo Echegaray para poder financiar en cuotas sus deudas con el fisco, como hizo Oil Combustibles de López y Fabián de Souza.
Esto significa que
constructoras como IECSA y ODS del primo presidencial Ángelo Calcaterra o la de Benito Roggio, clubes de fútbol como River Plate, petroleras, empresas del Estado, famosas animadoras de TV como Mirtha Legrand y hasta el Correo Argentino de la familia Macri aparecen implicadas en este nuevo expediente que expone que todos ellos recibieron idéntico tratamiento administrativo en el organismo recaudador que la firma de López y De Souza.
Curiosamente, López y De Souza ya están en juicio oral por supuesta defraudación al Estado por haberse acogido a esos planes de facilidades y pagar en cuotas el Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Esta otra mega causa resulta de una ampliación tardía de la propia Carrió de su denuncia original, que anteriormente sólo iba contra Oil pero ahora va contra todos quienes fueron aprobados para ingresar en el régimen denominado “Artículo 32”, entre el 2010 y el 2015.
De esta manera, constructoras, estrellas de televisión, modelos, clubes entre otros se encuentran ahora en esta causa judicial, que Carrió impulsó para apuntar exclusivamente contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las empresas del grupo Indalo. Todos ellos recibieron idéntico tratamiento administrativo de AFIP que la petrolera Oil Combustibles, hoy en juicio oral por supuesta defraudación al Estado.
La diva Mirtha Legrand, la modelo Dolores Barreiro, el canal América TV, la empresa IECSA y ODS de Calcaterra, y hasta el Correo Argentino de los Macri involucrado en otra causa polémica integran la lista de los 1613 planes individuales de facilidades de pago otorgados a 1232 contribuyentes por un total de $31.434.220.643,81.
En el listado difundido por el mismo medio figuran YPF SA, Enarsa, Cammesa, Andes Energía Argentina SA, Compañía General de Combustibles SA, Supercemento, el laboratorio Roux Ocefa y hasta Sancor, entre otros, que solicitaron planes por el artículo 32. También están el Gobierno de la Provincia de La Rioja, la Ciudad de Córdoba, el Consejo de la Magistratura (que administra al Poder Judicial), Endemol, el hotel Llao Llao, Supercemento y hasta Cáritas La Plata, todos tuvieron que "reperfilar" sus deudas impositivas, como gusta decir el macrismo. Metrovías, concesionaria de los subterráneos porteños que administra el PRO hace 12 años, y Dakota SA, de las grúas de la Ciudad, también son morosos que adhirieron al mismo plan de Cristóbal López y no están en juicio oral acusados de defraudar al Estado.
Carrió le agregó una acusación, poco explicable, a su ampliación de denuncia: dijo que “podría haber habido coimas por un sinnúmero de planes de facilidades de pago”, con lo que ahora afirma que el otorgamiento de estos planes de pago que recibieron Oil, los Macri y Legrand, por ejemplo, estaba ligado a un pago ilegal por parte de los beneficiarios.
La acusación es novedosa ya que en todos los cargos por los que Oil fue a juicio a partir de la denuncia de Carrió y de la AFIP post 2015, en conjunto, nunca se había mencionado la posibilidad de que hubiese sobornos de por medio. ¿Por qué años después se denuncia a todo el universo de contribuyentes que accedieron legalmente a los planes del artículo 32? ¿Por qué se desliza que hubo otro posible delito y no defraudación?
La evidente hipótesis para explicar por qué Carrió denuncia tan tarde a todo el universo de contribuyentes que accedieron a planes por el artículo 32 y a la vez sostiene que -más allá de la defraudación que parece haberse caído- habría existido un pago de coimas es dible: cubrirse ante el fracaso de su ataque al kirchnerismo a través del caso Oil y/o buscar una vía alternativa para diferenciar a López y De Souza de los otros miles de casos similares.
Lo cierto es que, tal como explicó Morini en Ámbito, lo variopinto de los integrantes del listado que se encuentra aportado por AFIP a la Justicia destroza el principal argumento de Carrió respecto a la discrecionalidad de la gestión de Ricardo Echegaray para otorgar planes del Artículo 32 y su supuesto direccionamiento a “amigos”.
¿Macri, Legrand, Calcaterra y América TV, entre otros, eran "amigos"?
Por otra parte, en el artículo se explica que "en Comodoro Py también se sorprendieron de la cantidad de tiempo que transcurrió la causa en el fuero penal económico sin que se notifique a los involucrados pese a que hubo un festival de pedidos de ´incompetencia` en el medio".
Por eso es que ahora se los está citando de a tandas para notificarlos de la existencia de la investigación y que propongan defensa. Hasta ahora, fueron convocados alrededor de 200 de los que aparecen en los listados. Los demás estarán en lista de espera en lo que se vislumbra como una mega causa que podría no tener destino: si se verifica que el otorgamiento masivo de planes estuvo ligado a razones de política fiscal, es decir para asegurar el crédito de quienes tenían dificultades para afrontar el pago contado de impuestos, sería una discusión no judicializable.
Justamente, eso último es parte de lo que se discute y por lo que se investiga en el juicio de Oil Combustibles, cuya deuda se magnificó a consecuencia de acciones concretas del fisco a partir de 2016. La justicia ahora podría avanzar en una mega pericia para determinar cómo se dieron los planes y cuáles eran los montos pagados. Esa pericia comparativa había sido rechazada por el juez Julián Ercolini, curiosamente, pero ahora podría avanzar para los 1213 otros implicados.
