“Que vergüenza, confiesa que la apretaron y falla apretada. La verdad que es increíble”, esas fueron las palabras con las que el dirigente de MILES
Luis D’Elía se refirió a la polémica que se generó luego de que la jueza
Ana María Figueroa haya admitido que fue presionada en su despacho por un funcionario de "por debajo de
(Germán) Garavano" por la causa Memorándum con Irán.
Los dichos de la magistrada pusieron nuevamente sobre la superficie la discusión relativa a la injerencia de poderes y, en particular, a la dinámica que tuvieron durante la gestión Cambiemos. En declaraciones a AM750, la jueza denunció que fue “apretada” por segundas líneas del esquema de Justicia establecido por el gobierno de Macri y cuando le preguntaron por el entonces representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y actual fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahíques, “no lo negó” y hasta lo dio a entender.
En diálogo con Política Argentina, Luis D’Elía, quien se encuentra en prisión domiciliaria, consideró que “es un escándalo decir que (Mauricio) Macri la apretó, pero se hace cargo de la apretada y falla en orden al apriete que recibió”.
Las palabras de la magistrada devinieron en una serie de tuits de la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner quien manifestó sus inquietudes sobre el actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.
“Ojalá, como dijo Cristina, que (Figueroa) vaya a un tribunal y denuncie que el procurador la apretó”, indicó D’Elía sobre el fallo de reapertura de la causa Memorándum con Irán.
El dirigente kirchnerista se mostró alineado con las declaraciones que la ex Presidenta emitió en Twitter sobre el tema. “Creo que tiene razón. Vamos a ver si esto es tapa de Clarín o de La Nación este domingo. Yo creo que no. Como dijo Cristina, juego mil a uno de que no será tapa de los diarios de este domingo”, dijo D’Elía en la tarde del sábado.
Cabe recordar que luego la reapertura de la causa por la denuncia del fallecido Alberto Nisman por el Memorándum, el gobierno de Macri le dio impulso a tres denuncias que se habían presentado contra Figueroa en el Consejo de la Magistratura. De hecho, “se la acusó de no tramitar 45 causas que estaban pendientes en la Sala I, de pedir su continuidad en la causa AMIA a pesar de haber dejado la Sala II que tenía competencia en ese trámite, y por la compra de mobiliario y remodelación de las instalaciones donde ella se desempeña”. Las denuncias fueron realizadas entre julio y noviembre de 2016, y según Pagina 12, “todas fueron tramitadas por el consejero Mahíques, en su carácter de representante del gobierno macrista”.
Si bien Figueroa admitió recibir “presiones” del Ejecutivo, en las últimas horas aclaró que “nunca dio” el nombre de Juan Bautista Figueroa.
La utilización del Poder
Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri queda nuevamente cuestionada y para D’Elía es menester una “nueva legislación”. “Hay que legislar sobre el lawfare, se tiene que acabar el lawfare. Tiene que haber una reforma del Código Penal o leyes nuevas que tipifiquen el delito del Lawfare y lo condenen”, criticó.
En lo que respecta esta causa, el dirigente de MILES fue detenido el 7 de diciembre de 2017 por orden del juez Claudio Bonadío por supuesto encubrimiento agravado de ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. La orden de Bonadío se había basado en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.
En marzo de 2018, recuperó su libertad tras el fallo del TOF Nº2 que ordenó su libertad luego de tres meses en prisión preventiva. En aquel momento, expresó que estuvo detenido por "pura venganza oligárquica" del Gobierno. La medida judicial se dio luego de que la fiscal Gabriela Baigún avalara los pedidos de excarcelación por considerar que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la acción judicial.
Excarcelaciones en la pandemia
En otra línea, opinó sobre el debate que se dio en torno a las excarcelaciones de presos en el marco de la pandemia del coronavirus. D’Elía se encuentra condenado por la toma de una comisaria en La Boca cuando denunció a la Policía Federal de encubrir al asesino del dirigente barrial Martín "El Oso" Cisneros. En abril de este año, se le concedió la prisión domiciliaria por estar dentro del grupo de riesgo.
“No siento que salí por la ventana. Estoy en el grupo de más alto riesgo y además me sacaron con 39 grados de fiebre. Tengo más de 63 años, soy insulino dependiente, tuve un infarto en la base del corazón y tres by pass. Cuando me sacaron estuve cinco días internado”, remarcó.
En este sentido, cuestionó a la oposición y a ciertos medios de comunicación por cómo trataron el tema. No se mostró extrañado por declaraciones como la de la senadora Felicitas Beccar Varela “que defiende sus intereses” y apuntó contra “los jueces que dejan en libertad a genocidas, asesinos, femicidas y violadores”. Cuestionó además que “los medios en masa le echen la culpa no a los jueces sino al presidente Alberto Fernández”.
“De hecho, salió una jueza de Quilmes (en referencia a Julia Márquez) a decir que salieron 150 detenidos por violaciones. Salió a desmentirlo pero acá hubo una jueza de Quilmes, conocida militante del PRO, que dijo esa barbaridad”, indicó D’Elía al considerar que “se engañó a la gente y se le mintió deliberadamente”.
