18.07.2020 / Justicia y política
El Congreso evaluará gastos, nombramientos y la cuestionada banca a Stornelli del jefe de los fiscales que dejó Macri
La Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público aprobó medidas que complican Eduardo Casal. Incluyen juzgar su gestión, analizar los pedidos de juicio político que pesan en su contra y su presunta protección sobre el fiscal procesado como integrante de una banda de espionaje. Mientras, el Gobierno aún tiene a Rafecas a la espera para la pospandemia.
La Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público consiguió aprobar un paquete de medidas que complican Eduardo Casal, el jefe interino de los fiscales que Alberto Fernández heredó de Mauricio Macri pero a quien verdaderamente no quiere atornillado a ese cargo.
Las medidas que senadores y diputados decidieron implementar para evaluar la gestión del procurador interino incluye estudiar la rendición de gastos y normbramientos ejecutada por Casal durante los últimos años y analizar casi 20 pedidos de juicio político que pesan en su contra por parte de distintas organizaciones. Algunas de esas solicitudes se basan en la presunta protección a Carlos Stonelli, el polémico fiscal socio del fallecido juez Claudio Bonadio en la causa Cuadernos que está procesado como integrante de una presunta banda de espionaje y extorsiones en la justicia federal de Dolores.
Sobre esto último, la sospecha sobre el interino Casal es que desde el Ministerio Público habría protegido a Stornelli ante la investigación del juez Alejo Ramos Padilla, sosteniendo sus fueros a pesar de que el fiscal se negó a declarar cinco veces por ese expediente lo que le valió ser declarado en rebeldía.
Desde ese espacio legislativo el macrismo atacó, sin conseguir exponer pruebas, a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó -que sí había sido nombrada por el Congreso, a diferencia de Casal- y la empujó a su renuncia después de las elecciones legislativas de 2017.
La senadora María de los Ángeles Sacnun le requirió la información presupuestaria de 2018 y 2019 ante un aumento de gastos muy por encima del Ministerio Público de la Defensa. Consideró "inconsistentes" sus informes y reclamó una revisión a la Auditoria General de la Nación (AGN), cuyos dictámenes son revisados por la bicameral mixta revisora de cuentas, controlada por el Frente de Todos.
La senadora Ana Almirón solicitó saber, también en 10 días, los nombramientos de fiscales y subrogantes en la procuración, con el detalle de qué criterio usó Casal para cubrir cada vacante. La mayoría oficialista fue aprobando de a una las mociones.
La diputada Vanesa Siley reclamó la nómina de magistrados sometidos a régimen disciplinario. "Notamos que hubo casos en donde se aplicó un sumario y otros un enjuiciamiento. Necesitamos conocimiento completo", evaluó. Esta moción fue la primera que puso en tela de juicio a Casal por su ayuda a Stornelli.
La última moción, de Sacnun, fue recibir, de a dos, a las 18 organizaciones que solicitaron iniciar un juicio político a Casal por motivos varios, como supuesto exceso de atribuciones al definir un protocolo contra el terrorismo, su actuación ante el proceso de Stornelli, traslados de fiscales y subrogancias. Serán citadas en lo próximo.
El jefe de los fiscales sólo deja el cargo si renuncia o es sometido a un juicio político, que requiere dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. Cambiemos tiene número para impedirlo, pero antes deberá diseñar una defensa sólida para lo que se viene en los próximos 10 días, plazo que le dieron las legisladoras del kirchnerismo a Casal para acercar documentación sobre su tarea en estos años.
Casal se quedó al frente de la Procuración luego de que renunciara Gils Carbó presionada en persona por Mauricio Macri a través de medios de comunicación. La ex jefa de los fiscales dejó el Ministerio Público en esas condiciones mientras enfrentaba investigaciones judiciales sobre supuestas irregularidades en el manejo del organismo, pero ninguna de esas pesquisas avanzó ni logró probar los presuntos delitos.
Desde entonces, octubre de 2017, y debido a la imposibilidad del macrismo de conseguir el voto de los dos tercios en el Senado que se requieren para designar al procurador -su candidata al cargo fue la porteña Inés Weinberg de Roca-, Casal sigue desempeñándose como procurador adjunto.
El presidente Alberto Fernández ya oficializó que su candidato para la Procuración es el juez federal Daniel Rafecas, pero las versiones desde el Congreso indican que la Casa Rosada, por ahora, considera que aún no consiguió el consenso y los números necesarios para lograr la designación pero que volverá a negociar y contar porotos para intentarlo cuando pase la pandemia.
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