La justicia federal de Lomas de Zamora avanza a paso firme contra la
cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante 2018, cuando Cambiemos ocupada la Casa Rosada.
En este caso,
el juez federal Juan Pablo Auge rechazó el planteo y la maniobra con la que Silvia Majdalani, la ex subdirectora de la AFI, buscaba limpiarse del espionaje ilegal y cerrar la causa en su contra, y la acusó de "pervertir" el organismo de inteligencia estatal y de generar con sus acciones un "retroceso de institucionalidad republicana" comparable con la situación durante la última dictadura cívico-militar.
"No puedo dejar de lado la copiosa prueba existente en esta causa", sostuvo Auge en relación a "los hechos de espionaje, realizados sobre la persona de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, tanto en su domicilio particular, como en el Instituto Patria, al cual concurría la misma", según la resolución en la que rechazó los planteos de Majdalani y que publicó Télam.
Con esos argumentos, el magistrado decidió que siga abierta la investigación en contra de la ex funcionaria, en la que ya fue indagada. La ex "señora 8" pretendía que no se la investigara bajo el argumento de que ya había sido sobreseída por los mismos delitos en Comodoro Py.
Auge rechazó un "pedido de excepción por falta de acción" por cosa juzgada a raíz de este caso. Según explicó, "existe una pluralidad de hechos que no están abarcados por un solo tipo penal y con acciones perfectamente diferenciadas, que no formaron parte de la denuncia que diera origen" a la causa por la que Majdalani fue sobreseída en Comodoro Py por el juez federal
Marcelo Martínez de Giorgi.
En la causa que investiga a Majdalani en Lomas de Zamora "surge un abundante caudal probatorio, en torno a los hechos pesquisados, enderezados a lograr la verdad real de los acontecimientos", agregó magistrado lomense al desestimar estar ante los mismos delitos por los cuales Majdalani fue sobreseída en la justicia federal porteña en el 2018.
"Los hechos pretendidamente investigados en la causa 13066/18 no se compadecen en nada con los aquí investigados, coincidiendo solo por un pequeño tramo de la acción que abarcó el descubrimiento de los vehículos que pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia y que fueron retirados a partir de ese hecho", indicó.
Auge se refirió así a las maniobras de supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta Kirchner denunciadas en el fuero federal porteño en 2018, luego de detectarse vehículos con agentes de la AFI en ambos lugares y por la que Majdalani resultó sobreseída.
"La multiplicidad de acciones que se suman en esta investigación, van desde el espionaje ilegal, la falsedad ideológica de instrumentos públicos y la violación a los deberes de funcionarios públicos, al menos en principio y, tal como lo sostuve en el auto de procesamiento dictado el 7 del corriente mes y año, respecto del consorte de causa de Silvia Majdalani, el otrora agente de la Agencia Federal de Inteligencia Alan Flavio Ruiz, los hechos calificados concurrieron en forma real", explicó Auge.
Al dictaminar por el rechazo al planteo de Majdalani, quien verdaderamente destrozó a Majdalani y su rol en el espionaje ilegal fue la fiscal del caso
Cecilia Incardona. Es que, según consideró, los delitos que se investigan y comprometen a la ex número dos de la AFI "de ser comprobados" constituirían un "importante retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales" desde la vuelta a la democracia.
"Las prácticas ilegales investigadas, de ser comprobadas, constituyen un importante retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales y de institucionalidad republicana que toda la sociedad viene persiguiendo desde la vuelta a la vida democrática en nuestro país", sostuvo la fiscal.
Además, entendió que "es de considerar que la Sra. Majdalani, en tanto funcionaria pública, se encuentra aquí imputada de la comisión de graves hechos que merecen, y deben ser investigados en profundidad, para luego ser juzgados, conforme a las reglas del debido proceso legal".
"En el caso se advierte que el comportamiento de la imputada, junto con el resto de los acusados, pervirtió los fines de la institución que comandaba, y la volvió en contra de la sociedad que debía proteger, lo cual en sí constituye un quebrantamiento a la razón del ser del propio Estado, que es ni más ni menos que el bien común", concluyó Incardona.
