La titular del PRO recibió en noviembre de 2017 a Bernardo Miguens, ex empleado del juez fallecido que en aquel momento laboraba en la AFI bajo la órbita del angelicismo. Se dedicaba a "analizar y dar curso a requerimientos que ingresaban del poder judicial”. De todos modos, en 2020 tuvo empleo: trabajó en el Ministerio de Justicia porteño.
Picardi, que también lleva la "mesa judicial M", fue designado por el fiscal general adjunto ante la Cámara porteña para intervenir en el expediente por las supuestas maniobras de inteligencia ilegal de la AFI de Juntos por el Cambio. Ocurre después de que se excusara Stornelli, acusado del mismo delito en otra causa.
La jueza María Eugenia Capuchetti negó un planteo del ex secretario de Legal y Técnica del gobierno de Cambiemos. Éste pretendía impugnar un pedido de la fiscalía para acceder a los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos en el marco de la causa en la que se investiga una mesa judicial del macrismo.
En el plenario realizado esta mañana el cuerpo del organismo expresó en forma mayoritaria su rechazo a las prácticas de espionaje ilegal realizadas por la AFI macrista contra jueces. Camaño cruzó con solvencia al diputado PRO Pablo Tonelli, que pedía calificar los hechos como mera actividad de inteligencia.
El juez de la Sala IV junto a su par Carballo votaron el planteo del secretario privado de Macri para llevar la causa radicada en Lomas de Zamora a Retiro donde quedaría en manos del dueto Capuchetti-Stornelli. Ocurre después de que el Consejo de la Magistratura activara investigaciones por sus visitas al ex presidente y tras el informe de la Bicameral de Inteligencia.
El diputado nacional del FDT y presidente de la Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia se refirió a la causa por espionaje ilegal y la vinculó con la tensión entre Nación y CABA de "los últimos días" y la actitud del jefe de Gobierno porteño por las clases presenciales. También dijo que Macri es la "cabeza de un grupo mafioso".
Casación desestimó otro pedido para apartar al magistrado y anular resoluciones en la que se investiga la vigilancia ilegal desde la AFI durante el gobierno de Juntos por el Cambio. El rechazo se logró gracias al voto del propio Borinsky, quien considera que debe seguir pese a haber sido habitué de Olivos hasta diciembre 2019.
La Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público exigió a Eduardo Casal confirmar si inició una investigación interna que determine si Raúl Pleé mantuvo un encuentro con el líder PRO en la Quinta de Olivos del que también habría participado Gustavo Arribas.
El secretario privado de Macri fue apuntado por Beraldi, quien recordó que pese a la falta de mérito por el espionaje en el peritaje a su celular encontraron que se agendó "hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativo y penal". Además, Peñafort pidió "no bajarle el precio" porque eran "funcionarios públicos que violaban la ley".
El Presidente pidió al Congreso la sanción de las modificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Publico, pero también anunció que impulsará un Tribunal Federal de Garantías para temas de arbitrariedad, al que se podrá acceder por recurso extraordinario y limitará a la Corte. A este último tribunal le dedicó fuertes críticas, al igual que al fiscal procesado por espionaje y extorsiones.
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