Malas noticias para los integrantes de la "familia judicial" que especulan entre jubilarse y atarse a sus cargos en función de los tiempos políticos y, por qué no, su participación en decisiones de persecución:
el Consejo de la Magistratura convalidó la resolución cursada por la ANSES que intima a jueces y funcionarios del Poder Judicial que iniciaron sus trámites jubilatorios, pero siguen en el cargo, a que completen la gestión o declinen del beneficio previsional y continúen en funciones.
El organismo que controla el desempeño de los magistrados consideró que la iniciativa del ente previsional de ningún modo implica "una afectación a la independencia" de los magistrados.
"No puede ser leído como una obligación a que renuncien", plantearon los siete consejeros cercanos al Frente de Todos (FdT) o que, al menos, no se oponen porque sí a toda iniciativa vinculada al oficialismo, quienes constituyen la mayoría del cuerpo.
Además, manifestaron que el procedimiento que viene llevando adelante la ANSESen esta materia
"luce ajustado a la ley de la materia tras la modificación realizada por la ley 27.546". Esta última norma, sancionada en marzo del año pasado, modificó el régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.
"No colisiona con la letra ni el espíritu de la Carta Magna, ni provoca afectación respecto de quienes, como magistrados, desarrollan la labor judicial e imparten justicia", subrayaron los siete miembros del Consejo en el proyecto aprobado por mayoría.
De ese modo, el cuerpo aprobó el proyecto presentado por el vicepresidente Alberto Lugones y consideró válida la decisión de la Anses, que ya cursó intimaciones a más de 200 jueces y fiscales, aunque no todos recibieron las notificaciones.
Votaron a favor del proyecto, además de
Lugones, Diego Molea, presidente del cuerpo; Vanesa Siley, diputada nacional del FdT; María Inés Pilatti Vergara, senadora nacional por Chaco; Mariano Recalde, senador por CABA; Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo; y Graciela Camaño, diputada nacional por Consenso Federal.
A Camaño, en tanto, trolls identificables como macristas le iniciaron un ataque virtual acusándola de "traidora" y culpándola de un supuesto "plan para desplazar a diez jueces federales que entienden en casos sensibles", a pesar de que la medida, a las claras, nada tiene de relación con desplazamientos ni confirmaciones. Lo único que implica es que aquellos funcionarios judiciales que iniciaron trámites jubilatorios y tienen las condiciones cumplidas para tal iniciativa, la completen o la retiren y no la dejen "stand by".
La iniciativa de Lugones señala que la resolución del organismo "de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos" y propone que el Consejo de la Magistratura integre una "mesa de enlace y coordinación" con la ANSES para "despejar las dudas" que surgieron con la puesta en vigencia de la resolución y el envío de las intimaciones.
El funcionamiento de la mesa de diálogo con el organismo previsional apunta a "evitar cualquier perturbación a la necesaria tranquilidad de espíritu que debe primar en los magistrados a la hora de desarrollar su actividad jurisdiccional, y garantizar su independencia", agrega.
El debate en el seno del consejo se abrió a raíz de la presentación del consejero y diputado del PRO,
Pablo Tonelli, quien solicitó que se deje sin efecto la resolución de la ANSES, propuesta que fue respaldada por los consejeros
Carlos Matterson, Silvia Giacoppo, Diego Marías, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo, todos integrantes o cercanos al macrismo.
Según los consejeros opositores, con la resolución de Anses "se exige a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial un requisito que no está previsto en la ley aplicable en la materia, número 24.018, lo cual constituye un claro exceso de sus facultades regulatorias, con la atribución de funciones que no le corresponden y que pertenecen a otros organismos".
La ley 24018, del año 1991, regulaba las jubilaciones y pensiones de magistrados, fiscales y otros funcionarios del Estado: fue modificada por la ley 27546, aprobada el año pasado.
La resolución de la Anses de intimar a jueces y fiscales que iniciaron su trámite jubilatorio pero lo mantienen inconcluso mientras siguen ejerciendo el cargo se funda, justamente, en las innovaciones que introduce esta última normativa, que los consejeros macristas parecen ignorar.
El nuevo régimen de jubilaciones para el Poder Judicial fijó, entre otros cambios, un incremento del aporte sobre el sueldo de los magistrados y además dispuso que el trámite jubilatorio se debe realizar a través de la ANSES y no del Consejo de la Magistratura, como se efectuaba hasta entonces.
En noviembre pasado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) hicieron una presentación contra la ley 27546.
Esta semana, las dos entidades se presentaron ante el fuero Contencioso Administrativo para que declare inconstitucional la resolución del organismo previsional sobre los trámites jubilatorios. Y también solicitaron que se dicte una medida cautelar para que los expedientes administrativos cursados ante la Anses no sean modificados.
La resolución de ANSES se enmarca en el debate abierto por una práctica generalizada de algunos miembros del Poder Judicial que consiste en iniciar el trámite jubilatorio y no efectivizarlo, tras lo cual se sigue ejerciendo el cargo, cosa que no puede hacer ningún ciudadano de a pie en ningún rubro laboral.
Eso permite especular y continuar en funciones y, en el caso de recibir alguna acusación en el Consejo de la Magistratura, se completa rápidamente la gestión y se pide la jubilación antes de correr el riesgo de ser destituido.
