En el marco de la causa donde se investigan los delitos económicos y financieros de la cerealera Vicentin,
se presentó una funcionaria de AFIP que ofrece elementos, ya a disposición del fiscal Gerardo Pollicita, que probarían que ya desde el año 2016, la cerealera había montado "una usina de facturas truchas" para inflar gastos y engrosar las deducciones impositivas.
El escrito presentado ante el juzgado por la funcionaria señala, con respecto a los resultados de su propia tarea en la agencia de la AFIP en Reconquista, Santa Fe,
la existencia de empresas apócrifas (inexistentes) que simulaban operaciones con Vicentin con el innegable propósito de inflar gastos o desviar fondos.
Según consignó Página 12, en el mismo escrito en el que se ofrece como testigo, relata que
"las agencias móviles de AFIP iban a todos los lugares donde no había centro de atención, siendo asignada a dicha tarea; a partir de allí tomé contacto con productores agropecuarios que le referían su situación frente a Vicentin SAIC; tomé estas denuncias en los formularios F288, provistos por la AFIP; pero pronto sus jefas Roxana Marchetti, y la de esta era Manuela Vicentín, le prohibieron tomar ese tipo de denuncias".
Manuela Vicentin, funcionaria con cargo jerárquico en la AFIP Reconquista, Santa Fe,
es integrante del clan familiar propietario de la cerealera que lleva su apellido. La "situación referida" por los productores agropecuarios no era otra que la entrega de los granos a Vicentin para su tratamiento y exportación, pero sin ninguna documentación o pago a cambio.
A través de este tipo de operaciones,
el productor entrega el grano a la cerealera, pero sólo al momento de que ésa "disponga" del producto, cuando lo procese para producir harina o aceite, o lo destine a exportación como grano, está obligado a hacer efectivo el pago al productor. pero al precio vigente al momento de esta última operación. El problema de no documentar la entrega era propio de Vicentin.
Por la "confianza" en la empresa familiar casi centenaria, los productores entregaban el grano "de buena fe". Pero a partir de la campaña 2015/2016, Vicentin empezó a concentrar los recursos en el plan de expansión de sus negocios (luego, se sabría, también en trasladar al exterior la localización de sus empresas).
Allí empezó a atrasarse en el pago a sus proveedores, entre los cuales las deudas "no documentadas" iban a quedar, reiteradamente, al final en la fila de pagos. Fue ese año, 2016, cuando Vicentin
empezó a incrementar su endeudamiento con el Banco Nación, que así le financió la expansión y fuga de divisas por extranjerización de sus activos y ganancias.
La pelea por la compra abre una batalla de grandes exportadoras:
Viterra (ex Glencore), Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro, son las tres agroexportadoras que se mostraron formalmente interesadas en adquirir Vicentin y preacordaron la posibilidad de que los actuales dueños cedan entre el 51 y el 90% de las acciones.
El directorio de Vicentin espera que tanto la oferta de pago a los acreedores como la propuesta de venta se harían de modo casi simultáneo. En rigor, los montos con los que
la agroexportadora pretendería conseguir una aprobación mayoritaria de los que reclamaron deudas por US$ 1.350 millones, va atada a lo que se pueda consensuar con las tres agroexportadoras referidas, una instancia de evaluación y negociación intensa que no se ha detenido desde que fue anunciada en mayo.
Luego de llegar a un preacuerdo de venta, s
e comunicaría la propuesta a los acreedores y, en caso de que haya una aceptación general, en línea con lo que establece la ley concursal, se efectivizaría después la transferencia accionaria. En enero pasado, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tramita el concurso de acreedores, verificó los créditos reclamados.
En el caso de quienes entregaron granos, la deuda en pesos se admitió a por un valor total de $ 23.956.545.784,63, en tanto que las acreencias en dólares se establecieron en U$S 31.211.979,47, según el detalle del siguiente documento.
En el caso de los acreedores financieros, Lorenzini reconoció deudas a 27 firmas, entre bancos públicos y privados, argentinos y de otros países por al menos 1.000 millones de dólares, entre los cuales se destaca el Banco Nación, con US$ 296.000 por cobrar.
Además de esas cifras, quedan por "recalcular" US$ 853 millones a la socia de Vicentin en la empresa Renova, Oleaginosa Moreno, del ex grupo Glencore,
ahora denominado Viterra, que es una de las tres empresas que comprarían la mayoría accionaria de la empresa concursada.
