Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández la economía ha sido uno de los desafíos más importantes y se ha vuelto un obstáculo político.
Asumió con una deuda que no sólo es financiera - a partir de los préstamos tanto de acreedores privados como del mismo Fondo Monetario Internacional- sino que tiene su correlato en una deuda social que se refleja en los números más duros que dejó el gobierno de Cambiemos, como la pobreza, el desempleo y la inflación, entre otros.
Por el lado de la financiera se debe destacar que bajo ley internacional el país debía 68 mil millones de dólares y otros casi 42 mil millones extras con la legislación local, en conjunto
más de 100 mil millones de dólares entre los distintos bonos y créditos, y a su vez recordar que en 2018 Argentina recibió
el mayor préstamo en la historia del FMI por 57 mil millones de la divisa estadounidense (de los cuales se completó la llegada de más de 45 mil millones en poco más de un año).
Mientras que
por la deuda social los datos más destacados al comienzo del gobierno del Frente de Todos era una pobreza que superaba el 35%, una inflación que cerraba con un récord de 54,5% que no se alcanzaba desde hacía casi tres décadas,
una devaluación de la moneda que se había disparado a partir de la derrota electoral de Mauricio Macri en las PASO de Agosto, cuando dio la orden de no intervenir en el tipo de cambio y el peso se desplomó.
También en el plano laboral había porcentajes que pintaban un escenario complicado:
10,6% de desempleo, una caída del salario en dólares de más del 50% en cuatro años y la informalidad en el mercado de trabajo que superaba el 40%. Por su parte en el sector industrial estaba funcionando con una capacidad instalada que a duras penas superaba el 56% y a lo largo del gobierno anterior se calcula que cerraron más de 43.000 empresas, en especial PyMEs.
Con este panorama
una de las primeras medidas económicas que tomó el Presidente de la Nación fue el envío del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que fue aprobado con 3 días de diferencia en las dos Cámaras del Congreso - el 19 de diciembre se trató en Diputados y el 21 el Senado la convirtió en Ley - y planteaba la declaración de la
emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
Alguno de los puntos fundamentales eran la creación de un
impuesto a la compra de dólares para turismo o ahorro, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las PyMEs,
congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas y la suspensión de la movilidad jubilatoria que había aplicado el macrismo en las violentas jornadas de diciembre de 2017.
El 26 de diciembre, día de la implementación del impuesto PAÍS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), el dólar -sobre el cual ya estaba impuesto el cepo de 200 por mes que reinstaló el gobierno de Macri- cotizaba en 64 pesos y si se le sumaba el nuevo tributo alcanzaba los $81,90 mientras el blue se vendía a $80. Ambos se mantuvieron con una brecha similar durante casi 5 meses hasta abril del 2020.
La misma semana que comenzó a regir el dólar “solidario”, el Poder Ejecutivo entregó
bonos para jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares y aumentó las jubilaciones ya que la movilidad había sido derogada en la ley de la semana anterior. Unos meses más tarde, en el mismo sentido, el gobierno nacional definió la
gratuidad de 170 medicamentos para asociados del PAMI con lo que, según lo expresado por el gobierno, se acercaba al 20% del crecimiento del poder adquisitivo.
Luego de que los primeros casos de Coronavirus que ingresan en el país comenzaron las medidas restrictivas que tuvieron su pico el 19 de marzo cuando el Presidente de la Nación anunció la aplicación del ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En ese momento la economía nacional como la mundial se congelaron y comenzaron un proceso de caída continuo que duro varios meses y que recién comienza a notarse claras muestras de recuperación tras casi dos años.
Junto con las medidas sanitarias se fueron generando herramientas económicas que permitiesen sostener tanto los puestos de trabajo y los salarios como las fábricas abiertas. Las primeras en lanzarse fue la implementación de los
Precios Máximos, casi 400 productos que debían retrotraer sus precios del 20 al 6 de marzo y mantenerse estables por 30 días, con la posibilidad de ser prorrogado, algo que se repitió durante varias oportunidades y se le sumo más adelante la iniciativa de Precios Cuidados.
Sin embargo,
al extenderse el ASPO el ejecutivo entendió que tenía que ayudar económicamente de manera directa y comenzó con el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, que cobraban aquellas personas que se encontraban en la informalidad o por debajo de la catergoría B del monotributo. Los 10 mil pesos del beneficio fueron entregados 4 veces a un universo de más de 9 millones de personas, cuando en los cálculos iniciales estaba pensado para 3 millones.
También se generó el programa ATP -
Asistencia al Trabajo y la Producción- con el cual el Estado Nacional subsidio un gran porcentaje de los sueldos del sector privado con un mínimo por trabajador equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) y un máximo equivalente al doble de ese monto ($33.750), y habilitó exenciones impositivas a las empresas. A la vez que
se implementó la prohibición de despidos y la doble indemnización como punitorio.
Del lado empresarial también se amplió el Programa de Recuperación Productiva (
Repro), que entrega una suma fija mensual de hasta el salario mínimo, vital y móvil por trabajador, por un plazo de hasta 12 meses para industrias en situación de crisis. Y por otro sector
se habilitó un préstamo a tasa cero para autónomos y Monotributistas a partir de la categoría C, por el equivalente al triple de la facturación mensual de la categoría y con un tope máximo de $150.000.
A pesar de estas medidas los números habían vuelto a empeorar luego de tener un repunte entre enero y febrero previo al cierre de las actividades por el Covid-19, el parate que generó las restricciones retrotrajo los indicadores y los ubicó en niveles macristas o peores.
La capacidad instalada de la industria tocó un piso del 42% en abril, el desempleo el 13% en el segundo trimestre - y con un porcentaje de pobreza que llegó al 42% durante el segundo semestre del año pasado.
En el medio de la pandemia y volviendo a la deuda financiera,
el gobierno comenzó la negociación con los acreedores privados en la cual luego de más de 4 meses Argentina cerró con éxito la reestructuración de su deuda en dólares bajo legislación internacional. El 31 de agosto, el ejecutivo anunció que 93,5% de los tenedores de bonos aceptaron la oferta gubernamental y el efecto de arrastre de las cláusulas de acción colectiva elevó el porcentaje al 99%.
Por su parte los casi 42.000 millones de dólares que se encontraban bajo la legislación argentina fueron canjeados por nuevos bonos con menores intereses (del 7% al 3,07% anual), vencimientos más largos y se pesificaron 700 mil dólares que luego se fueron ampliando con el correr de los meses.
Con estos acuerdos el país resguardó unos 37.000 millones de dólares, según el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Apenas dos meses más tarde, el 11 de noviembre, y
con el objetivo principal de evitar que pudiera repetirse una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que tomo deuda “en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación” según analizó la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner en una de sus cartas, se giró al Senado el Proyecto de
Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.
La misma plantea que
todo programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. La norma fue aprobada en menos de 3 semanas en la Cámara alta y el 11 de febrero los diputados y diputadas dieron por sancionada la iniciativa.
En el medio de estas dos etapas de negociación de la deuda externa que generó el gobierno de Cambiemos, y que -como comentó el presidente del bloque oficialista del Senado, José Mayans- alcanzaba el 150% del PBI cuando habían asumido con tan sólo el 40%, empezaron a reabrirse las distintas actividades con la generación de protocolos sanitarios que eviten el contagio masivo de las y los trabajadores que eran decretados como esenciales y podían volver a circular.
Otra de las leyes aprobadas sobre fin de año fue el
Aporte Solidario Extraordinario que implicaba el pago por única vez de un 2% del total de bienes registrados de aquellas personas que tuviesen más de 200 millones de pesos y que tenía como objetivo ampliar las arcas de distintas políticas públicas principalmente del Ministerio de Desarrollo Social con la asignación de presupuesto para la construcción de viviendas y otras políticas redistributivas como el plan de becas Progresar.
Junto con esto comenzaron las charlas para la compra de vacunas que fueron claves en la reactivación de los distintos sectores y la investigación y producción de las mismas en el país. Sobre esta cuestión
Política Argentina dialogó con Fernando Peirano, presidente de la Agencia I+D+I, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
El funcionario planteó la importancia de “llegar a probar una fórmula de uso medicinal en humanos, en voluntarios, atravesar la fase clínica hacia el último tramo en la producción de una vacuna” y resaltó que “es una vacuna que nosotros visualizamos como un recurso de la salud pero también más allá como un recurso de desarrollo, un vector de transformación”.
Gracias a la inoculación que comenzó a finales del 2020 y la experiencia del año anterior,
a pesar de que existieron nuevas medidas restrictivas, no se volvió a interferir en la producción y el país comenzó con un repunte o rebote económico con lo que el crecimiento superará ampliamente lo estipulado en el Presupuesto 2021 (5,5%) que Martín Guzmán presentó días después de los acuerdos con acreedores privados.
La caída general de la economía argentina durante el 2020 fue del 9,9%, un número muy alto que se reflejó en los datos sociales que marcábamos.
Durante el 2021, el gobierno nacional apuntó sus inversiones al sector de la obra pública y continuó con el acompañamiento a las empresas con el lanzamiento del Repro II y diferentes leyes de incentivo a los sectores industriales impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y las Cámaras que eran alcanzadas por las medidas.
Una de las materias pendientes del gobierno en el plano económico fue el control de la inflación y la puja distributiva ya que a pesar de que todas las paritarias superaron el 30% que indicaba el Presupuesto, la variación de precios se mantiene por encima del 50% interanual traccionado por la suba en el sector alimenticio. El ejecutivo continuó con los programas Precios Máximos y Cuidados que no tuvieron la efectividad deseada y de hecho la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español no continúa en el cargo y fue reemplazada por Roberto Feletti.
Este cambio fue luego del
duro golpe que recibió el Frente de Todos en el plano electoral en las PASO que se realizaron el 12 de septiembre -tras atrasarse un mes por la situación sanitaria- cuando cambiaron también, entre otros, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (donde Julián Domínguez reemplazó a Luis Basterra) y el de Ciencia y Tecnología (cargo que asumió Daniel Filmus en reemplazo de Roberto Salvarezza).
Como datos positivos de este año resaltan el crecimiento económico y la recuperación de puestos de trabajo a partir de la salida de las medidas sanitarias. Martín Guzmán adelantó hace algunas semanas que el porcentaje va a estar en torno al 10% y no del 5,5% que analizaron el año pasado para armar el Presupuesto, con esto se recuperaría todo lo perdido en la pandemia. Por parte del empleo, el Ministro de Trabajo,
Claudio Moroni sostuvo que los datos que midan diciembre -que salen en febrero-
van a marcar al menos la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante el 2020 y hasta quizás superarlo.
Este repunte se basa en algunos puntos fundamentales,
la construcción pública y la privada, las exportaciones y la inversión en maquinaria que no está afectada por el cepo, y las industrias aprovechan para dolarizar. También aportaron al crecimiento la sustitución de importaciones y la recaudación que comenzó a recuperarse en los últimos meses.
El mayor escollo para mantener la estabilidad, según el propio Ministro, “es la deuda con el FMI que hay que lograr refinanciar sobre la base de términos que permitan que la economía argentina se pueda seguir recuperando”.
Otro de los puntos de reactivación se dio por el lanzamiento del PreViaje, el beneficio devuelve el 50% de los gastos en turismo, fue lanzado antes de la temporada de verano del 2020 y reeditado en 2021. En su segunda etapa ingresaron comprobantes por más de $53 mil millones, lo que
quintuplica el total de lo facturado el año pasado, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Turismo y Deportes.
El gobierno también firmó contratos importantes en materia de inversión como el que cerró en la gira internacional que realizó Alberto Fernández entre el G20 y la COP26 con la empresa australiana Fortescue que anunció una inversión de US$ 8.400 millones en la Argentina para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, lo que permitirá generar más de 50.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y cuya producción en una primera etapa estará orientada sólo para la exportación.
Luego de las elecciones el gobierno buscó mostrar un cambio de actitud y una renovación, por lo cual post recambio del gabinete, lanzó bonos para el sector de la cultura, becas estudiantiles, nuevos proyectos de financiamiento a distintos sectores industriales y
un congelamiento de precios de más de 1400 productos que se encuentra vigente hasta el 7 de enero, lo mismo que un conjunto de alrededor de 500 medicamentos hasta la misma fecha.
Algunas de las iniciativas fueron frenadas por medidas cautelares a partir de denuncias de la oposición -como el plan Más Cultura- por lo que buscaron instalar como el “plan platita” a pesar de que el macrismo entre las elecciones de agosto y octubre de 2019 gastó más que el gobierno de Alberto Fernández de septiembre a noviembre de este año.
A pesar de los esfuerzos,
el oficialismo perdió las elecciones legislativas del 14 noviembre y esa misma tarde-noche el Presidente salió con un video grabado a explicar que enviaría al Congreso de la Nación un plan plurianual en los primeros días de diciembre que incluiría los primeros preacuerdos con el FMI sin embargo todavía
los equipos técnicos del gobierno nacional se encuentran negociando en Washington con los representantes del organismo internacional.
Unas semanas antes de los comicios el mercado había hecho sentir su presión con un alza cambiaria y ubicó al dólar blue por encima de los $200, trepó hasta los $207 el jueves previo a las votaciones pero al día siguiente se desinfló hasta los $201 y
desde el anuncio presidencial el mercado reaccionó tranquilo y el dólar blue ha ido a la baja hasta ubicarse en los $196. Por su parte los últimos datos industriales marcan que la capacidad instalada sigue creciendo y ya se ubica en el 66,7% lo que representa la generación más puestos de trabajo y número más alto desde marzo de 2018.
