Al contrario de lo que a veces sucede en la Argentina con el Poder Judicial (y Legislativo), cabe reconocerse inicialmente que
las investigaciones acerca del escándalo de (más) espionaje ilegal y mesas judiciales de Juntos por el Cambio que se conoció a partir del video de la reunión "Gestapo" avanzan en los tribunales de La Plata así como en la comisión bicameral del Congreso encargada del control de la inteligencia.
En este punto, ayer se conoció que los
dos ex funcionarios del Banco Provincia durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal que debían dar explicaciones ante la subcomisión de legisladores ayer por sus roles en la organización del encuentro documentado del 15 de junio de 2017 postergaron sus citaciones: una de ellas sucede este miércoles y la otra tendrá lugar en febrero.
Sin embargo, la revisión de los antecedentes reunidos por una investigación de El Disenso acerca de ambos ex directivos del Bapro arroja un
elevado nivel de confianza con el círculo íntimo de María Eugenia Vidal que, de un modo u otro, podría complicarla seriamente en el escándalo Gestapo.
Por un lado,
hoy presta declaración en el Congreso Emilia Jaime, quien fuera secretaria del ex titular del Bapro Juan Curuchet y ordenó reservar a través de mails el salón donde ocurrió la reunión Gestapo, quien en sus cuatro años en la entidad logró cobrar por dos cargos pero trabajar solo en uno, sumó paritarias envidiables por cualquier sindicalista y un crédito llamativo por parte del banco empleador.
Por otro,
en febrero dará explicaciones ante la misma bicameral Hernán Stella, el ex gerente de Relaciones Institucionales, cargo desde el que -entre otras tantas funciones- mantenía el registro de las reuniones y participantes de los encuentros en salones del Bapro, pero justo se le pasó el de la Gestapo. Según las mismas investigaciones, fue beneficiario de millonarias contrataciones de difícil justificación.
SECRETARIA DE CONFIANZA
Fueron tres mails que el Banco Provincia le aportó a la Justicia y a la Bicameral los comprometen al gobierno de María Eugenia Vidal en la reunión de la Gestapo antisindical. De esos correos electrónicos parece surgir como conclusión que el salón en que sucedió no tenía cámaras, que se dejó una zona liberada para que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) instale todo un día antes y lo quite un día después. Espionaje ilegal sobre un encuentro en que funcionarios de primera línea, legisladores, intendentes, espías y empresarios hablaron de espionaje y armado de causas.
“Me acaba de llamar Guillermo Squillari para reservar hoy y mañana el sum de 9 a 13 hs por indicación de Emilia Jaime. Viene gente de la Gobernación”, dice el primero de los correos, fechado el 14 de junio de 2017, un día antes de la reunión, realizada el 15 de junio. No tenía sentido reservar ese espacio el día previo.
Los mails funcionaron para cancelar reservas previas del SUM para el desayuno y el almuerzo. Se tuvo que coordinar a las apuradas nuevas localizaciones para esas reuniones.
En otro correo del mismo 14 de junio, la reserva se extiende: “Estimados, de acuerdo a lo conversado se extiende la reserva el jueves y viernes de 9 a 18 hs.
Ambos días son para Emilia Jaime y necesitarán, según lo informado por Guillermo Squillari, agua y café”. El viernes era 16 de junio. Todo indica que ese día nuevamente dos técnicos de la AFI se dirigieron a la sede porteña del Banco Provincia para desinstalar el “cableado”.
En otro correo de la secuencia que el Banco Provincia aportó a la investigación se había pedido el SUM por indicación de la asesora de Curcuhet únicamente para el jueves, de 9 a 13, “con servicio de Café para 12 personas”. Finalmente, en el encuentro hubo al menos 15 personas.
De esos mails, entonces,
surge el nombre de Emilia Jaime, quien hoy debe explicar a los legisladores de la subcomisión de inteligencia por qué envió esos correos, quién lo autorizó y toda la información que pueda aportar teniendo en cuenta que está comprobado que, hasta ahora, ella fue parte de la organización operativa de la reunión en que se planificó el armado de causas.
Lo primero que se debe decir sobre
"Milu" Jaime es que ejerció durante los cuatro años de Vidal como secretaria privada de Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia en ese período. El "Colo" fue designado por la ex gobernadora bonaerense y había comenzado su gestión en el banco el 1º de enero de 2016. Dejó el cargo con la partida del macrismo del gobierno provincial.
Sin embargo,
información publicada en 2018 expone un alto nivel de confianza que incluyó beneficios económicos. Jaime ingresó al Bapro como asesora de Curutchet en enero de 2016 con un
salario mensual de $35.000. Elevado pero justificado si se quiere en los sueldos del sector y, además, en que la función requiere de confidencialidad y dedicación full time.
Sin embargo, en mayo de 2016, cuatro meses después de empezar, quien hoy explicará por qué participó de lo que configuraría un grave delito obtuvo un primer aumento que llevó su sueldo mensual a $55.000. En septiembre de ese mismo año, logró un segundo incremento salarial, al pasar a ganar $65.000.
En abril de 2017, se hizo de una nueva mejora al pasara percibir $80.000 mensuales.
Según El Disenso,
tras el aumento de mayo de 2017 pidió al Banco Provincia un préstamo de $2 millones para adquirir un inmueble, pero su solicitud fue rechazada por falta de capacidad de pago. Su jefe Curuchet, el presidente de la entidad y hombre de máxima confianza de Vidal, le dio un nuevo puesto dentro de la misma entidad para así solucionar el escollo.
El 22 de junio de 2017, una semana después de la reunión Gestapo que se sirvió de su colaboración, Jaime fue nombrada como “subgerenta de la Gerencia de Comunicación Institucional”, cargo que solo puede corresponderle a personal de carrera y que la convirtió en la segunda dentro del área dirigida por el asesor Hernán Stella, el otro ex funcionario que debe presentarse ante la Bicameral en febrero.
La misma fuente, con testimonios de representantes sindicales, indica que Emilia
Jaime nunca ocupó la Subgerencia para la que fue designada y, en cambio, sólo continuó ejerciendo fácticamente como secretaria privada de Curutchet hasta el final de su gestión.
Sumando el sueldo de asesora y el de Subgerenta, sin embargo, Jaime
pudo cobrar a partir de junio de 2017 la suma de $130.000, monto que le permitió obtener el crédito de 2 millones al que habría tratado de acceder en mayo. En julio, "Milu" sí logró el préstamo del Bapro por casi 2 millones de pesos, equivalente a más de 100.000 dólares al tipo de cambio de la fecha.
¿GERENTE CON CONTRATACIONES EXTRA?
Se sabe que
no hubo registro del ingreso al Bapro y su sede porteña de los asistentes a la reunión Gestapo, lo que es impensado en un banco donde además tenía sus oficinas la entonces gobernadora bonaerense. Incluso entraron los técnicos de la AFI que instalaron y luego desinstalaron las cámaras y los micrófonos.
Justamente
para conocer por qué no existe ese registro la subcomisión de inteligencia busca escuchar a Hernán Stella, responsable entonces de las relaciones institucionales del banco.
El exgerente de Relaciones Institucionales del Bapro, al igual que Jaime, había sido convocado para dar explicaciones ayer, pero pidió postergar su declaración hasta febrero porque está fuera del país.
La investigación del mismo, de febrero de 2018, arroja que Stella, contratado como Asesor de Comunicación Institucional en el Bapro por $ 1.992.000 por 1 año a ese momento, habría sido beneficiario además de un "pasamanos de contrataciones" por más de $3.168.900, originados de la caja de la entidad.
Stella, ex vocero de Néstor Grindetti y aportante de Cambiemos, llevó al Bapro también a su pareja,
Cecilia Marcela Tear, y la designó en un cargo “Ad Honorem”, desde donde ella aparentemente colaboró con la gerencia que manejaba su marido.
Tear formó previamente una empresa llamada
“Smart Comunicación SRL” junto a una socia, Rosana Lidia Laddaga. Esta última era al mismo tiempo gerenta de
“Media Office SRL”.
La información indica que desde que Stella llegó al banco en enero de 2016 su gerencia habría realizado una gran cantidad de erogaciones a nombre de la empresa “Media Office SRL“, gerenciada por la socia de su esposa. El monto total a 2018: $3.168.900.
En su última declaración jurada a esa fecha,
Stella declaraba honorarios por $301.000 por parte de su esposa Tear, trabajadora AdHonorem del Bapro, e ingresos por casi medio millón de pesos provenientes de la empresa “Smart Comunicación”, propiedad de justamente de la socia de su pareja, gerenta de Media Office SRL, la firma beneficiaria de las transacciones por más de 3 millones de pesos.
