El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta inició su jugada para sacarse de encima al juez contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo en la causa que investiga el uso irregular de datos biométricos de millones de personas, incluidos políticos oficialistas, opositores, empresarios y ministros de la Corte Suprema, a través del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
En concreto, CABA recusó al magistrado al atribuirle una supuesta
"pérdida de imparcialidad" y al
cuestionar que los jueces no pueden opinar, según argumentan, sobre temas de seguridad.
En el marco de la causa en la cual Gallardo suspendió el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de la cartera de Seguridad porteña a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA) y el CELs.
El pedido de apartamiento será resuelto ahora por los miembros de la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA,
Carlos Balbín, Fabiana Schafrick y Pablo Mantaras, detallaron fuentes judiciales a las que accedió Télam.
El planteo, sin embargo, no implica la suspensión de medidas dispuestas por Gallardo, como los plazos de una intimación para que se informe el destino dado a datos biométricos recabados de manera irregular por el sistema o el inicio de una pericia encomendada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), precisaron las fuentes.
El gobierno porteño sostuvo que se encuentra gravemente afectada la garantía de imparcialidad" de Gallardo, agregó que actúa con "absoluto secretismo, salvo para algunos medios" y que "ha demostrado una evidente falta de imparcialidad". No es la primera vez que el macrismo acusa de esto al mencionado juez ni que busca quitarlo de investigaciones que no favorecen al PRO.
"El doctor Roberto Andrés Gallardo ha demostrado una evidente falta de imparcialidad, además del desatino con que condujo el actual proceso, que lleva a mi mandante a rechazar su artero accionar y requerir su apartamiento de la causa", agrega en su presentación Diego Farjat, apoderado del Gobierno de la Ciudad
Gallardo "ha excedido notoriamente sus facultades. Con su accionar ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso", añadió el letrado.
En otro fragmento de la presentación judicial,
la gestión de Larreta cuestiona la pericia que puede tener la justicia al opinar sobre seguridadad, pese a que es el mismo gobierno que dirime en ese poder áreas como la coparticipación o los fondos para la policía porteña.
El gobierno porteño, en ese sentido, asegura que "lo cierto es que el ámbito judicial no es el propicio para debatir este tipo de cuestiones, dado que el Poder Judicial carece del conocimiento técnico y de los recursos humanos necesarios para analizar y determinar cuáles serían las políticas de seguridad más convenientes para la defensa de la ciudadanía".