21.06.2022 / Debate sobre la asistencia social

Planes: los argumentos de Cristina, el aval de los gobernadores y la reacción de los movimientos sociales

La vicepresidenta puso en tela de juicio lo que denominó como la "tercerización" de los planes mediante las organizaciones sociales. En el planteo coinciden gobernadores e intendentes, que preparan un proyecto para administrarlos. Desde las organizaciones sociales salieron al cruce. Los argumentos a favor y en contra.




La cuestión en torno a la administración y gestión de los planes sociales viene generando debate dentro y fuera del oficialismo, especialmente respecto al papel que juegan las organizaciones sociales. La vicepresidenta planteó la necesidad de que el Estado nacional recupere "el control, la auditoría y la aplicación" de estas políticas, un reclamo al que adhieren gobernadores e intendentes que han visto crecer en poder e influencia a los movimientos. "Eso no es peronismo, peronismo es dar laburo", afirmó la vicepresidenta Cristina Kirchner en un tramo de su discurso en el plenario de la CTA en el que se refirió a la distribución de planes sociales, de crecimiento exponencial desde que ella dejó la Casa Rosada.

Desde la oficina del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien ya se reunió dos veces con la vicepresidenta para analizar la cuestión, prometieron novedades en los próximos días. En el sector de las agrupaciones sociales pertenecientes al Frente de Todos criticaron lo que evaluaron como una "derechización" del mensaje y la búsqueda de su estigmatización.


Cristina le dedicó todo un tramo de su mensaje, en un recorrido desde el nacimiento de este tipo de asistencia a la que definió como producto de las políticas neoliberales de los '90. Contrariamente a lo que seguro dirían quienes sólo se informan a través de medios opositores, la vicepresidenta explicó que durante los años del kirchnerismo los planes se redujeron drásticamente. Pasaron de más de dos millones a 253 mil cuando ella concluyó su segunda presidencia, en diciembre de 2015. El gobierno de Mauricio Macri más que los duplicó y los llevó a 641 mil a fines de 2019.

Sin embargo, en esta línea, a poco de comenzar, la gestión de Alberto Fernández debió enfrentar la pandemia, por lo que el número de planes se multiplicó hasta llegar al 1.300.000. Una crítica que se le hace al ex ministro y actual diputado Daniel Arroyo es que para asegurar la paz social distribuyó demasiado generosamente entre las organizaciones de izquierda, quienes hoy protagonizan las principales protestas en el centro porteño para no perder posiciones. Para peor, trascendió que algunas de estas organizaciones –entre ellas el Polo Obrero- les cobra el 2% a los beneficiarios para financiarse.

"Hoy estamos en un 7% de desocupación, estamos a 1,1 punto de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que vamos a tener que revisar", advirtió la vicepresidenta. Al tiempo que planteó la necesidad de terminar con lo que denominó la "tercerización" de las políticas sociales. "El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto", propuso, además de apuntarles a los dirigentes que deciden las altas y las bajas en los planes. Por si faltara aclarar, hubo una referencia directa al Movimiento Evita, la organización social que manejan Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, uno de los principales respaldos territoriales del presidente Alberto Fernández. "¡En nombre de Perón y Evita! Si Evita los viera. ¡Mamita!", lanzó en medio de los aplausos de los dirigentes kirchneristas, especialmente los pertenecientes a La Cámpora, que mantienen una histórica tensa relación con el Evita en la Provincia.

A FAVOR

Asimismo, hay un sector del Gobierno a favor de los planteos de Cristina, y son –principalmente- los gobernadores e intendentes. Estos vieron cómo algunas de estas organizaciones han venido ganando poder en los territorios y los desafían. En este sentido hubo caso ostentoso: fue el lanzamiento en La Matanza de la legisladora provincial Patricia Cubría, esposa de Pérsico, quien maneja la secretaría de la Economía Social. En las provincias del norte tomaron más relevancia los movimientos de izquierda. La "liga de gobernadores" del Frente de Todos, en su reciente carta de presentación, adelantó que estudiaban "alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno", así es que elaboran un proyecto de ley para presentar en el Congreso para modificar la política social, así como hicieron días atrás por la reforma de la Corte Suprema.


Desde el Ministerio de Desarrollo Social demuestran la intención de seguir trabajando en sintonía con estos planteos. De hecho, desde que asumió a fines del año pasado, Zabaleta habilitó la posibilidad de que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo cambie libremente su unidad de gestión si así lo deseaban, algo que permite a los trabajadores evitar los mecanismos de extorsión por asistencialismo. Es que siete mil beneficiarios denunciaron amenazas o exigencias de pago de una cuota de parte de las organizaciones, todos casos que se encuentran en investigación. Por otro lado, el ministro anunció que no habría más altas de planes y que apostarían a su reducción con el fortalecimiento de las cooperativas, cuestión de transformar los planes sociales en "empleo genuino".

EN CONTRA

Pero el discurso de la vicepresidenta provocó por otro lado, cierto malestar en algunos dirigentes sociales, quienes repudiaron públicamente las palabras de la ex presidenta por sus críticas hacia la distribución de los planes sociales. Por ejemplo, al respecto, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Juan Grabois expresó: "La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos dónde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte".



Asimismo, uno de los que se mostró más tajantes fue Luis D’Elia, quien acusó a la vicepresidenta de haberle "declarado la guerra a todos los movimientos sociales de argentina en general y a los kirchneristas en particular".



También se sumó el líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y dijo en diálogo con AM750 que Cristina "tuvo un tono demasiado despectivo con la tarea de la militancia social y los movimientos sociales": "No lo comparto. Es parte de un debate al interior del FdT. Tiene una diferencia política válida con un sector de los movimientos sociales y le erra al enfoque. Hay una estigmatización a ese esquema organizativo comunitario".

Asimismo, dirigentes de la izquierda como Néstor Pitrola, exdiputado nacional del Frente de Izquierda, se sumaron a las críticas. “Cristina se sumó a la campaña de Clarín y Cía contra las organizaciones sociales de lucha que combaten el punterismo del Estado que ella reivindica. Pregunta ¿Por qué no universalizan los planes sociales mientras no hay trabajo genuino disponible para todas y todos?”, se preguntó.



En este sentido, se sumó la Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie Silvia Saravia quien dijo: "Las mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarización laboral de tu gobierno".



Finalmente, para agregar un elemento extra a la discusión, todavía está pendiente la idea del Presidente de crear una oficina que centralice estas políticas, que siempre se dijo que quedaría en manos de las organizaciones sociales. "No sé si es un ministerio, una secretaría o un instituto, lo que sí se es que necesitamos alguien que piense solo en eso y creo que el estado debe institucionalizarlo", respondió el domingo en la entrevista a Página 12. En tanto que la vicepresidenta visibilizó ayer el debate que seguirá dando lugar a la discusión en el oficialismo durante los próximos días.