En total son 10 mujeres y 15 niños y adolescentes que vienen de distintas situaciones de vulnerabilidad y que habitan de forma comunitaria el establecimiento Casa Pringles ATR (Autónoma, territorial y reparadora). El nombre surgió en una tarde de mateada en donde conversaban sobre lo que era para ellas el territorio: tierra, techo, vivienda y espacios de producción de autonomía en convivencia con la posibilidad de reparación.
“Pensamos en relación a la reparación de un daño que pudimos haber hecho nosotros o un daño que nos pudieron hacer y en ese sentido esta casa nos dio la oportunidad de hacernos esa pregunta ¿pensamos que el daño se puede reparar con más violencia?” cuenta Gabriela que vive allí con su hija Isabella de 7 años. “Recibimos amenazas constantes de la fiscalía, que si no nos vamos nos llevan presas. Es o la calle o la cárcel. Vivimos con el miedo constante que nos pateen la puerta y la policía nos saque de los pelos” dice Gabriela (33) que vive en casa de Pringles al 300 desde hace un año y que hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta desalojar.
NEGOCIO INMOBILIARIO O GESTIÓN COMUNITARIA
La casa pertenecía al pintor Eduardo Sivori que murió en 1918 y que la dejó con el legado de que fuera utilizada con fines culturales. Fue convertida en un espacio de archivo por el gobierno de la Ciudad y luego quedó en estado de abandono. El Banco Ciudad llevó adelante la subasta en siete ocasiones pero nunca se concretó la venta. Son tres inmuebles en un lote que el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta declaró como “inmuebles ociosos e innecesarios”.
En julio de 2021 el Boletín Oficial de la CABA
“declaró innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad a los inmuebles en la calle Pringles Nº 340/42/44 posibilitando así su enajenación de conformidad con el procedimiento de venta en subasta pública”. Respecto a esto Paula Villani, abogada e integrante de Aires, explica que hay una división entre bienes inmuebles de dominio público del Estado y bienes inmuebles de dominio privado del Estado.
Los primeros podrían ser una plaza o una calle y los segundos son los utilizados por el Estado con fines institucionales o sociales:
“Cuando un inmueble de dominio privado es declarado ocioso quiere decir que el Estado está manifestando en ese acto o Ley que no necesita el inmueble. En este caso la Ley 6.287 explicita que el Gobierno de la Ciudad está declarando que no necesita el inmueble donde están estas mujeres y también un jardín de infantes que está en el mismo lote y en una comuna donde hay faltante de cupo para los niveles iniciales” explica en diálogo con el diario
Página 12.
En este sentido, en la Ley 6.287 se encuentran una gran cantidad de inmuebles -como el de la calle Pringles- que podrían estar destinados a un uso institucional o social y que La Dirección General de Administración de Bienes declara como ociosos para poder venderlos privilegiando el negocio inmobiliario.
Las mujeres de la casa Pringles no solo habitan la casa, todos los días llevan adelante un merendero, apoyo escolar y también acompañamiento a mujeres y disidencias en situación de violencia de género, consumos problemáticos o que fueron privadas de su libertad
Desde allí aseguran que vienen luchando sistemáticamente contra la violencia judicial y policial: “Tuvimos 3 reuniones de mediaciones con el Gobierno de la Ciudad en conjunto con Administración de Bienes, el IVC y Desarrollo Social, en la cual nos manifestaron que no tienen nada para ofrecernos en cuanto al acceso y derecho a la vivienda”, explican en un comunicado que lanzaron en redes sociales convocando a organizaciones a frenar el desalojo previsto para hoy.
En Abril del año pasado se intentó desalojar la Casa Pringles a través de la Fiscalía y de la Dirección General de Bienes:
“en ese momento se pudo frenar y terminó en el Ministerio Público de la Defensa, intervenimos varias organizaciones sociales. Ahora lo que se está haciendo es no intentar ninguna vía de acercamiento o de acuerdo haciendo que la Fiscalía pida al juzgado que se proceda al desalojo por instancias del Gobierno de la Ciudad” concluye Paula Villani que además es abogada de una de las mujeres acusadas de usurpación.
