El Sodalicio de Vida Cristiana nació en Lima el 8 de diciembre de 1971, fundado por Luis Fernando Figari con inspiración en la Falange Española y movimientos ultracatólicos como Tradición, Familia y Propiedad. Su modelo jerárquico y “soldadesco” buscaba contrarrestar la teología de la liberación, entendida como un peligro comunista, y se plasmó en la creación de “casas” donde los sodálites vivían bajo un régimen de disciplina monástica y obediencia absoluta.
El funcionamiento interno combinó formación espiritual intensa con prácticas de “corrección fraterna” y aislamiento familiar. Exmiembros describen un ambiente de vigilancia constante y humillaciones públicas para quienes cuestionaban a la cúpula.
“Las denuncias contra Prevost surgieron de las canteras del Sodalicio, con el propósito de desacreditarlo, desprestigiarlo y deslegitimarlo ante la opinión pública como consecuencia de las cosas que ya comenzaban a pasar en el caso Sodalicio. Robert Prevost siempre se compró el pleito y se puso en el zapato de las víctimas. Siempre puso en el centro a las víctimas y fue uno de los que defendió a los sobrevivientes y víctimas frente a los ataques del Sodalicio”, dijo una víctima de la secta, según informó DataClave.
De acuerdo a dicho medio, la red extendió su influencia más allá de lo religioso: empresarios vinculados al grupo levantaron un imperio financiero estimado en cerca de 1.000 millones de dólares, con inversiones en educación, cementerios y bienes raíces. Entre sus nexos políticos destaca Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, cuyo fideicomiso gestionó activos del Sodalicio, y campañas en el sur de Perú contra autoridades de izquierda, reflejo de una agenda antiizquierdista que aún hoy resuena en círculos conservadores de la región.
Cabe señalar que con el decreto papal que disolvió formalmente la organización en abril de 2025, se abrió un capítulo de rendición de cuentas y reclamaciones civiles en Perú. El paradero de las fortunas del Sodalicio permanece en las sombras de paraísos fiscales, mientras en Argentina y otros países se replantean controles sobre agrupaciones religiosas con inclinaciones políticas. La expulsión del Sodalicio sentó un precedente inédito para vigilar el cruce entre religión, poder y ultraderecha en América Latina.