13.05.2025 / PENSIONES

El Gobierno interrumpió las auditorías a pensiones por discapacidad

El Ejecutivo ordenó una pausa en el proceso de auditoría y se abocará a reformular el procedimiento para avanzar sobre la revisión de más de un millón de pensiones.




El Gobierno de la Nación suspendió temporalmente el proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, al derogar la resolución publicada en el Boletín Oficial que establecía la regulación de más de un millón de pensiones. Sin embargo, informó que continuará con el proceso bajo un nuevo esquema, próximo a definirse.

La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución N° 1172/2025 y responde a la necesidad de rediseñar los mecanismos de evaluación para ajustarlos a estándares internacionales.

La resolución derogada había sido emitida en enero con la intención de auditar más de un millón de beneficios que presentaban, según el Ejecutivo, importantes niveles de irregularidad. Se proyectaban entrevistas, controles médicos y cruces de datos para detectar supuestos fraudes. Sin embargo, la normativa fue cuestionada por fallos técnicos y falta de claridad en su aplicación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había denunciado que estas auditorías dejaban en evidencia un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que habría permitido el desvío sistemático de fondos. Sostuvo que hasta un 80% de los casos auditados no cumplían con los requisitos exigidos por ley.

Desde la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que uno de los principales problemas fue la implementación del baremo de evaluación médica, que no solo carecía de rigor técnico sino que tampoco garantizaba equidad. El nuevo esquema buscará subsanar estos vacíos, alineándose con recomendaciones internacionales sobre derechos de personas con discapacidad.

El director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sostuvo que esta revisión permitirá redefinir los criterios con mayor sustento legal y médico, y evitará que quienes realmente necesitan el apoyo estatal queden expuestos a decisiones injustas o arbitrarias. Aclaró que la derogación no implica frenar la lucha contra el fraude, sino mejorar las herramientas para hacerlo de forma eficaz y transparente.