
El Gobierno nacional oficializó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 338/2025 que introduce profundas reformas al Código Aeronáutico, vigente desde 1967. La medida forma parte de la política de “Cielos Abiertos” impulsada por el presidente,
Javier Milei, y tiene como eje central “modernizar, simplificar y desburocratizar” el marco normativo del transporte aéreo en Argentina.
El texto fue elaborado de forma conjunta por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. Apunta a generar condiciones más flexibles para operadores locales e internacionales, habilitar mayor competencia, y fomentar la conectividad aérea, uno de los pilares del plan económico libertario.
Uno de los cambios más relevantes es la apertura a nuevas líneas aéreas mediante una flexibilización de las condiciones de ingreso y operación. Esto incluye la habilitación para utilizar aeronaves extranjeras sin tripulación ni soporte técnico argentino.
Además, el requerimiento de que dos tercios del directorio de las empresas aéreas sean de nacionalidad argentina, ya no será obligatorio. “Se mantiene como condición el domicilio legal en el país”, establece el decreto.
Uno a uno, los cambios introducidos:
Matriculación de aeronaves: podrán registrarse contratos celebrados en Argentina o en el exterior, siempre que se inscriban en el Registro Nacional de Aeronaves.
Sociedades aéreas: ya no será obligatorio que dos tercios del directorio sean argentinos; solo se requiere domicilio legal en el país.
Aeródromos: se exigirá jefe de aeródromo público solo cuando lo determine la ANAC.
Documentación societaria: se eliminan presentaciones redundantes de libros de actas.
Aeronaves extranjeras: se autoriza su uso sin tripulación ni asistencia técnica nacional.
Itinerarios y tarifas: serán acordados entre operadores sin necesidad de aprobación del Gobierno.
Trabajo aéreo: se agilizan autorizaciones para actividades no regulares.
Derogaciones: se eliminan artículos que exigían personal argentino en servicios y que daban prioridad al Estado en la compra de activos de aerolíneas cesantes.