Las casualidades no existen: las personas con discapacidad bajo la motosierra y la narrativa de los certificados truchos

Discapacidad, reclamos, bravatas de represión y baja de pensiones no contributivas (PNC). Una vez más el Gobierno jugando el papel amenazador en la calle y controlador en la gestión de oficina (ANDIS) para que cierren los números y el presupuesto magro de un Gobierno desentendido, tildando de truchas a las pensiones no contributivas.

Apenas unos días atrás, personas con discapacidad, familiares y prestadores, reclamaron en todo el país, por el estado de emergencia en el que se encuentra el colectivo de la discapacidad. ¿El motivo? Varios: el tremendo retraso en la fijación de los valores de prestaciones que ponen en peligro la continuidad de los servicios; los pagos de esas prestaciones y servicios que deben requerirse a obras sociales y prepagas; las bajas de pensiones no contributivas dadas en un contexto político diverso y bajo normas que procuraron ajustarse a los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378).

Apenas unos días atrás, también, volvieron algunos medios a dar anuncios bajo una forma indecente y discriminatoria para con un sector vulnerado de la sociedad, como lo es la discapacidad.

Dijeron que las investigaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaron casos “escandalosos”, aludieron a “estafas millonarias en pensiones truchas”, o ante las cámaras hablaron de “la estafa sin fin”, etc. La larga lista de “escándolos”, dicen, incluye fallecidos, prófugos y certificados médicos falsos, entre otros destacados en “negrita”. Hablan de números redondos o inciertos, de personas con discapacidad con pensiones que delinquieron y estaban prófugos; ¿algo más? Sí, que no son dos o tres; son catorce los prófugos con PNC, dicen. 

“En dialogo con el programa Fenómeno Barrial, el fiscal informó que en Salta el número aproximado de pensiones es de 55 o 56 mil. De ese número, indicó, hay una seguridad de que una cierta cantidad fueron entregadas de forma indebida”.

El fiscal que más que informa, anuncia, tampoco mide la magnitud del daño que infringe al sector: habla de “número aproximado”, y no tiene certeza sino “una seguridad” de que “cierta cantidad”, que no es otra cosa que una cantidad incierta, se habría obtenido de forma indebida. Hablan de certificados médicos “truchos” y otras situaciones raras.

Si no hay seguridad evidente, mejor callar hasta tenerla, porque son hombres y mujeres en los que la prudencia debe primar, tanto sean comunicadores como miembros de la justicia. Caso contrario, vuelven a golpear innecesariamente a la discapacidad, y lo peor, tal vez pretendan hacerlo en beneficio propio.

El llamado “proceso de depuración”, término espantoso utilizado en las notas amigas del poder, y los porcentajes de personas con discapacidad “trucha” que usaron documentación “trucha” y se hicieron pasar por fallecidos o eran delincuentes, según expresiones de las que nunca jamás tendremos certeza, no hace otra cosa que sembrar sombra, desdén y rechazo al colectivo de personas con discapacidad, al igual que lo que hacen con las personas LGBTiq+ en los diestros tiempos que corren.

Sería deseable que con el mismo furor, los que dicen, digan que la deuda con la discapacidad está en la dificultad en obtener los servicios de salud y rehabilitación que necesitan (para ello basta ver la sumatoria de fallos en amparos presentados ante los tribunales); en la dificultad para transitar de manera autónoma por las calles o circular en transporte adecuado (para ello basta tomar un barrio de la ciudad y verificar veredas irregulares, falta de rampas, elevadores, ausencia de baños para discapacidad (y otras facilidades inclusivas); imposibilidad de acceder a un trabajo (a pesar de las leyes vigentes). Se invita a los interesados a leer estadísticas nacionales oficiales.

Qué casualidad que todo esto salga a la palestra luego de una manifestación legítima; qué casualidad que la estrategia sea decir que habría, sería o parecerían ser truchas las pensiones no contributivas de un sector en emergencia y que reclama sus derechos.

Qué casualidad que estos dichos vengan de personas como Spagnuolo, Milei, Adorni, Lugones, que están en una carrera desesperada por bajar costos del presupuesto nacional y lo hacen a cualquier precio y con cualquier discurso, por horroroso que resulte, pero no ocupados como deberían en las políticas públicas que hacen a su función.

¿Qué es lo grave? Que sigamos creyendo en estas notas, que dicen lo que dicen los funcionarios que menos se esfuerzan por dar a conocer políticas públicas legítimas, necesarias, sustanciales para las personas con discapacidad y sus familias.

Por qué no nos preguntamos la razón por la cual en discapacidad como en otros sectores de la sociedad lo que difunden lleva palabras como recortes, subsidios discrecionales, dar de baja, truchos, falsos, prófugos, delincuentes, irregulares. No es casualidad. No es casualidad, no creas ni te sumes a difundir aquello que daña. Hay que reparar y desagraviar.  


* Abog./Ex Secretaria General de CONADIS (hoy, ANDIS) y ex Agente del Área Grupos Vulnerables (Discapacidad) del Defensor del Pueblo de la Nación

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