05.06.2025 / VUELTA DE LAS AUDITORÍAS

El Gobierno podría quitar 270 mil pensiones a personas cuyos domicilios se desconocen

La Agencia Nacional de Discapacidad puso en marcha un operativo para verificar un millón de pensiones. Hasta ahora, no logró contactar a más de un cuarto de los beneficiarios.





La Casa Rosada avanza con un proceso de auditoría sobre el sistema de pensiones por discapacidad y ya evalúa suspender 270.000 beneficios cuyos titulares no fueron localizados. La revisión, encabezada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), contempla el análisis de un millón de prestaciones y se inició con el envío de cartas documento a los domicilios registrados de los beneficiarios.

De las más de 550.000 notificaciones emitidas hasta el momento, sólo unas 280.000 tuvieron respuesta. En el resto de los casos, más de 220.000 no pudieron ser entregadas por falta de domicilio válido, y otras 50.000 resultaron fallidas por causas como rechazo de la documentación, ausencia temporal o vencimiento de plazos. Aún restan enviar más de 110.000 citaciones. “Si no podemos corroborar que son personas discapacitadas, las vamos a dar de baja”, indicaron desde el Ejecutivo.

En el oficialismo sospechan que una parte de los beneficiarios ya no reside en el país. Por eso, analizan cruzar información con los registros migratorios para detectar posibles incompatibilidades.

Además de verificar el domicilio, los controles incluirán entrevistas presenciales, evaluaciones médicas y revisión documental. Para mantener el beneficio, cada beneficiario deberá presentar certificado médico con detalle de la discapacidad, resumen de historia clínica y estudios complementarios. El proceso comenzó formalmente el 1 de marzo. El PAMI también se sumará al seguimiento de los casos.

Luego de derogar el Gobierno la resolución 187/2025 y anticipar que avanzará con una nueva normativa, actualmente en revisión por equipos técnicos y representantes de organizaciones vinculadas a la discapacidad; la oposición respondió en el Congreso a través de la aprobación de la emergencia en discapacidad, que apunta a garantizar los pagos a prestadores, actualizar mensualmente los aranceles y asegurar fondos suficientes para las pensiones, al tiempo que establece criterios claros para validar el acceso y la permanencia en el sistema de beneficios.