El Ministerio de Seguridad de la Nación incorporó formalmente a los llamados “reveladores digitales” como parte del arsenal investigativo de las fuerzas federales. Se trata de agentes que operan con perfiles ficticios en entornos virtuales, como redes sociales y plataformas digitales, con el fin de detectar delitos como grooming, estafas online, distribución de material ilegal y otros crímenes cibernéticos. La resolución 828/2025, fue firmada por la ministra Patricia Bullrich y publicada este martes en el Boletín Oficial
Junto con esta figura, el Gobierno reforzó la actuación de los “agentes encubiertos”, efectivos de las fuerzas de seguridad que, bajo identidades falsas, se infiltran en organizaciones criminales para contribuir con investigaciones complejas. Ambas figuras, reconocidas por la Ley 27.319, son presentadas por el Ejecutivo como herramientas “legales” que permiten reunir pruebas “de valor irrefutable” en causas de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción y ciberdelitos.
El uso de estos perfiles ocultos estará limitado a causas judiciales y deberá contar con intervención del Poder Judicial. De hecho, la resolución instruye a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal a difundir internamente las condiciones legales y operativas de estas prácticas. Según el Ministerio, su implementación responde a la necesidad de actualizar las tácticas de investigación frente al avance del crimen organizado en entornos digitales.
La novedad emerge casi un mes después de que Bullrich modificara el estatuto de las fuerzas para habilitar requisas a personas y vehículos en el marco de “operativos de prevención”, la cual derivó en una denuncia penal presentada por los diputados de Unión por la Patria Leopoldo Moreau y Blanca Osuna, quienes acusaron a la titular de Seguridad y a los jefes de las fuerzas federales por “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, luego de la convocatoria masiva a Plaza de Mayo en reclamo por la liberación de
Cristina Fernández de Kirchner, durante la que las fuerzas revisaron a movilizantes en la estación Constitución y a vehículos en los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.
ESCUELA DE AGENTES ENCUBIERTOS
En paralelo, a través de la misma resolución, se creó el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, que funcionará dentro de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, organismo que se encargará de definir los contenidos formativos y supervisar el desarrollo de los cursos para los efectivos que aspiren a asumir funciones bajo identidades falsas. También deberá proponer programas de actualización permanente y coordinar jornadas con jueces, fiscales y personal de las fuerzas.
El Consejo estará compuesto por autoridades del Ministerio de Seguridad, representantes de las fuerzas federales y cinco miembros externos que serán designados por la propia ministra. Todos los cargos serán ad honorem, y el funcionamiento del cuerpo dependerá de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales. La coordinación operativa será encabezada por el juez Ricardo Ángel Basílico durante tres años.
Según el texto oficial, el jurista cuenta con “óptimos antecedentes profesionales y académicos” y una amplia trayectoria en derecho constitucional, penal y derechos humanos. El documento cita la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Ministerios como base legal de la iniciativa, que busca reforzar el control estatal sobre nuevas modalidades de delito sin perder el encuadre procesal.
La resolución destaca que los integrantes deberán contar con “especializaciones y enfoques profesionales y académicos diversos” para enriquecer la formación de los agentes. A su vez, se señala la importancia de incorporar actores del ámbito judicial a fin de “definir criterios que garanticen una actuación procesal segura y efectiva”.