04.08.2025 / OFICIAL
“No hay plata”: Milei vetó oficialmente el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad
Tras algunos días de demora, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 534/2025, que anula las leyes 27.791, 27.792 y 27.793 dictadas por ambas cámaras a principios de julio. Ahora, el oficialismo deberá defenderlo en la Bicameral. La norma lleva la firma de todos los miembros del Gabinete de Javier Milei.
El presidente Javier Milei vetó, tras algunos días de suspenso, las leyes 27.791, 27.792 y 27.793 sancionadas por el Congreso, que disponían una nueva fórmula de aumento a los jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Ahora, el oficialismo deberá defenderlo en la Bicameral. La medida se implementó a través del Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del mandatario y todo el Gabinete.
La norma también sostiene que las leyes fueron sancionadas con "graves vicios reglamentarios" en el Senado, al no cumplirse los procedimientos previstos y aprobarse con mayorías incorrectas. Además, se señaló que las medidas generarían un aumento estructural y permanente del gasto, obligando a recurrir a "emisión monetaria, suba de impuestos y/o endeudamiento".
EL COMUNICADO DEL GOBIERNO
Tras la publicación en el Boletín Oficial del veto del presidente Javier Milei a las leyes que disponían aumentos a jubilados, la restauración de la moratoria previsional y la declaración emergencia en discapacidad, el Gobierno publicó un comunicado en el que explicó que la aprobación de las normas se hizo "atentando contra el equilibrio fiscal" y "contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación". "No hay plata", insistieron.
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación", comienza el texto.
"Determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos. La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados", expresó el Gobierno.
El comunicado anticipa que "esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretenden forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero". "Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", agrega.
"A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este Presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre", concluye.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Según explicó el Gobierno en el Decreto 534/2025, la ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria y contemplaba un aumento extraordinario del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con una ayuda económica de hasta $110.000 para determinados beneficiarios, contaba con fuentes de financiamiento "manifiestamente insuficiente" y presentaba "graves deficiencias técnicas". Además, sostuvo que parte de los recursos proyectados, entre ellos la eliminación de exenciones impositivas, tendrían un "impacto recaudatorio marginal o limitado".
En cuanto a la norma de reinstalación de la moratoria y la flexibilización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Gobierno afirmó que "socavan los incentivos a la formalidad laboral" y consolidan "un esquema paralelo al régimen contributivo", generando "desigualdad" con quienes completaron los aportes exigidos por ley.
Por último, sobre la emergencia en discapacidad, se alertó que ampliaría el universo de beneficiarios de manera masiva —incluyendo a 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad—, con un costo de más de más de $2 billones en el primer año y un fuerte impacto adicional sobre el sistema de salud y el "Programa Incluir Salud".
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