06.09.2025 / DENUNCIA penal
Marianello complicado: el juez que otorgó la censura previa a Milei fue denunciado con HBL Pharma
Luego de trascender que el magistrado mantendría lazos con el laboratorio HBL Pharma, la Coalición Cívica lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Además, se lo acusa de mal desempeño y de beneficiar a la secretaria general de la Presidencia con un fallo de censura.
El juez federal Alejandro Maraniello fue denunciado por Elisa Carrió, Marcela Campagnoli y Hernán Reyes en el Consejo de la Magistratura. Los referentes de la Coalición Cívica lo responsabilizan por “violación de su deber de imparcialidad” y pidieron su destitución. “Estamos frente a un magistrado que violó su deber de imparcialidad, abusó de su autoridad en perjuicio de subalternos y menoscabó la confianza pública en la Justicia”, señalaron en la presentación.
La ofensiva política se centra en la decisión de Maraniello en la causa “Karina Milei s/medidas cautelares”, en la que prohibió difundir audios, chats y videos de la secretaria general de la Presidencia. Para los denunciantes, se trató de “censura previa contra la prensa” y un “avasallamiento del derecho constitucional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
Pero además, la acusación también destaca los vínculos que tendría con el laboratorio HLB Pharma, cuyo dueño Ariel García Furfaro está detenido por el caso de las muertes con fentanilo adulterado. Según la denuncia, la empresa financió viajes del magistrado a Estados Unidos a través de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que el propio Maraniello fundó y preside. Esa entidad, aseguran los denunciantes, cuenta con “auspiciantes incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular con el fuero al que pertenece”.
El escrito suma además denuncias internas por abuso moral, sexual y violencia de género, presentadas por empleados del juzgado. Incluso se dispuso una consigna policial en su tribunal para proteger al personal. A ello se agregan presuntas irregularidades en la entrega de cartas de ciudadanía y un supuesto acuerdo con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para encubrir procesos disciplinarios en su contra.
Aunque la presentación quedó en manos del Consejo de la Magistratura, desde la Coalición Cívica anticiparon que no descartan extender las acciones al Congreso.
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