
El fiscal Franco Picardi pidió rechazar el pedido de nulidad presentado por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en la causa que investiga supuestos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al considerar que sus planteos carecen de sustento. En ese marco, señaló que la investigación se inició con información sobre hechos de “gravedad institucional e interés público” y que no se han afectado garantías constitucionales de ningún tipo.
Los Kovalivker, a través de su abogado Martín Magram, argumentaron que la investigación se basó en grabaciones ilegales y que la causa no debería continuar por tratarse de hechos “ya juzgados” en 2024, cuando un expediente similar se cerró sin comprobación de irregularidades.
Asimismo, Magram defendió la negativa de los hermanos a entregar las claves de sus celulares: “No es que no las entregan porque tengan algo que esconder. Están expuestos a un escarnio público con fotos de sus hijos o videos íntimos, como uno donde Eduardo Kovalivker lee poesía. La DATIP seguramente logrará extraer el contenido y no van a encontrar nada”, sostuvo.
Picardi puntualizó tres falencias centrales en la presentación: errores jurídicos, contradicciones internas y falta de sustento probatorio. Además, remarcó que la investigación está “incipiente, en pleno curso, que ha respetado las reglas procesales y constitucionales”, sin detenciones ni afectación de derechos fundamentales.
La causa se inició el 25 de agosto tras la denuncia de Alejandro Díaz Pascual, de Arco Social, sobre compras millonarias de ANDIS a Suizo Argentina sin licitación pública. Díaz Pascual también vinculó a la droguería con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, bajo la órbita de Karina Milei.
Hasta ahora, el análisis de contratos y documentación secuestrada está en etapa preliminar y no hay conclusiones definitivas sobre irregularidades ni la procedencia de los fondos. Desde Suizo Argentina, aseguran que “ninguno de los contratos presenta irregularidades y la firma jamás ofertó con sobreprecios”.