La conducción de la CGT resolvió avanzar en la redacción de una reforma laboral alternativa para presentarla como base de negociación frente al Gobierno, tras asumir que el oficialismo logró consolidar poder político con la aprobación del Presupuesto 2026 y que buscará replicar ese esquema para imponer cambios estructurales en el régimen de trabajo.
La definición fue acordada en la mesa chica de la central obrera junto al nuevo triunvirato y dirigentes históricos, que avalaron una estrategia dual: sostener públicamente una oposición cerrada al proyecto libertario mientras, en paralelo, se fortalecen los vínculos con gobernadores y legisladores para preservar los pilares del modelo sindical vigente.
El trabajo técnico quedó en manos de un equipo reducido de dirigentes y asesores con peso parlamentario y experiencia en negociaciones laborales, que ya comenzaron a revisar los puntos más sensibles de la iniciativa oficial con el objetivo de elaborar versiones alternativas que atenúen su impacto y puedan ser aceptables para los sectores del Gobierno abiertos al diálogo.
La hoja de ruta no está exenta de tensiones internas, ya que conviven posturas más confrontativas con otras que admiten adecuaciones parciales de la legislación laboral, una diferencia que atraviesa a la conducción cegetista y que se profundizó luego de que el oficialismo demostrara capacidad para reunir apoyos clave de gobernadores en el Senado.
En ese escenario, la CGT apuesta a una estrategia de negociación segmentada, con gestiones caso por caso ante mandatarios provinciales y bloques legislativos, para intentar bloquear artículos considerados innegociables, como la vigencia de los convenios colectivos nacionales, la ultraactividad y los mecanismos de financiamiento sindical.
Desde la central obrera sostienen que, aun con un escenario adverso, existe margen para discutir otros aspectos vinculados al derecho individual del trabajo, como el esquema de vacaciones o las indemnizaciones, y remarcan que el objetivo es condicionar el alcance de la reforma que impulsa el Ejecutivo y evitar un avance integral sobre la estructura sindical, bajo la premisa de una política de “reducción de daños”.